ONU: países no pueden expulsar a migrantes de manera discrecional

Foto: ONU

A raíz de la expulsión de más de 80 migrantes venezolanos de Chile la semana pasada, el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, advirtió que ningún país puede tomar esa decisión «discrecionalmente».

El alto funcionario escribió en su cuenta de Twitter que los Estados «deben considerar solicitudes de asilo, factores humanitarios, vínculos familiares, el mejor interés del niño o niña, el arraigo y otros aspectos, así como asegurar el acceso a la justicia».

De hecho, varias fueron las denuncias de algunos de los deportados que señalaban que no se les permitió el derecho a la defensa, no se les dio el tiempo necesario y legal para aclarar su situación y que también fueron sacados a la fuerza de los sitios donde se encontraban para llevarlos al aeropuerto desde donde serían enviados a Venezuela.

El gobierno de Sebastián Piñera ha alegado en todo momento que tomaron esta decisión con dos fines: para hacer cumplir la ley y para advertirles a quienes piensen a futuro llegar a Chile por caminos y formas irregulares.

Sin embargo, la acción del gobierno chileno ha despertado una fuerte ola de rechazo. Varias organizaciones de derechos humanos en América Latina han denunciado que el país aplica una política discriminatoria contra los migrantes, y en especial contra los venezolanos, violando todo principio de protección y acogida colocando por encima los preceptos de la política de seguridad nacional y la preservación del orden interno.

Entre los expulsados que habrían entrado ilegalmente a Chile por la frontera con Bolivia también se encontraban colombianos, peruanos y también bolivianos.

Según confirmó el propio Ministro de Interior de Chile, Rodrigo Delgado, el grupo de los 86 venezolanos no sería el único a ser deportados. Existirían otros cientos de migrantes más que en los próximos días correrán con la misma suerte.

La OEA y otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Servicio Jesuita para Migrantes y de derechos humanos también repudiado la actitud del gobierno chileno.