ONU pide abolir la pena de muerte

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Cortesía ONU

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a los Gobiernos del mundo a abolir la pena de muerte.

“La imposición por el Estado de la pena de muerte es el más severo e irreversible de los castigos. Es profundamente difícil de conciliar con la dignidad humana y con el derecho fundamental a la vida”, declaró el Alto Comisionado según refiere una nota de prensa del organismo.

Volker Türk realizó la petición durante la mesa redonda Violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte.

Recordó también que durante muchos años, las Naciones Unidas se han opuesto a la pena capital en todas las circunstancias y afirmó que hasta que todas las naciones hayan abolido la pena de muerte, “se habrá completado el camino hacia la defensa de la dignidad humana”.

La pena máxima como instrumento de represión

En su discurso, el Alto Comisionado destacó que la pena de muerte puede infundir miedo, reprimir a la oposición y sofocar el ejercicio legítimo de las libertades.

Türk recordó que la pena de muerte también discrimina, condenando a personas que forman parte de minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas, al igual que a integrantes de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer.

Prevenir el delito

Los expertos en justicia penal señalan que deben crearse sistemas de justicia penal operativos y basados en los derechos humanos, que permitan a las víctimas y los supervivientes acceder a la justicia, la reparación y la dignidad.

Desde que se consagró el derecho a la vida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 170 Estados han dejado de aplicar la pena de muerte, que no tiene ningún efecto disuasorio y no contribuye en modo alguno a hacer más segura la sociedad.

También durante el encuentro, algunos oradores declararon que la pena capital no es una cuestión de justicia penal, sino de derechos humanos.

De acuerdo con el texto, esta medida radical afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en la pobreza, con orientaciones sexuales y de género diversas, a los pueblos indígenas y a otras minorías.

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