La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el martes a Panamá que garantice el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares que atiende en albergues.
La petición por parte del organismo incluye pruebas y tratamientos contra la COVID-19, así como su inclusión en el programa de vacunación.
A su vez, solicitan a Panamá que asegure, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas que se encuentran en la Estación de Recepción Migratoria Lajas Blancas.
Dicha resolución de la Corte, se da en el marco de un proceso de supervisión de una sentencia relacionada con migrantes emitida en 2010 .
De acuerdo a lo publicado este martes por la CIDH este martes, se debe velar por los principios de igualdad y no discriminación.
Escasez de vacunas
«Los Estados deben garantizar que las personas migrantes tengan acceso a los programas de vacunación sin ninguna distinción basada en su nacionalidad o estatus migratorio, en igualdad de condiciones que las personas nacionales y residentes», apuntan.
Asimismo, el tribunal precisó que hay escasez de vacunas contra la COVID-19, y dificulta a muchos países garantizar que las personas sean vacunadas, por lo que se requiere establecer grupos de prioridad.
En este sentido, los Estados solo podrán establecer distinciones objetivas y razonables, cuando estas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos.
Hay voluntad en Panamá
Los jueces resaltaron la importancia de que «la comunidad internacional realice acciones para procurar asegurar una distribución global y equitativa de las vacunas».
En su resolución, la Corte Interamericana valoró positivamente la voluntad expresada por el Estado panameño de incluir a los migrantes en el esquema de vacunación.
En ese sentido, el tribunal instó a Panamá a que «explique con claridad y en detalle las medidas que adoptará».
Además, como serán vacunadas para garantizar efectividad y sin discriminación, su derecho a la vida y salud; en el contexto de la grave crisis sanitaria actual.
Estas medidas también rigen para la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente y en la comunidad receptora de Bajo Chiquito, en la Provincia de Darién.
Debido a la pandemia y a los cierres de fronteras, miles de estos migrantes se quedaron varados en los albergues panameños.
El flujo en transito motivó a que el asunto fuera abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante denuncias sobre pobres condiciones en esos sitios.
