Organización humanitaria denuncia espionaje estatal en El Salvador

David Morales precisó que los espionajes de los funcionarios policiales se centran en el "espionaje telefónico" de los trabajadores de la organización.

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Policía de El Salvador se despliega en las calles para la lucha contra pandilleros.
Funcionarios de la policía de El Salvador estarían espiando a trabajadores humanitarios.

La Organización No Guberntamental (ONG) Cristosal denunció este 27 de noviembre espionaje en El Salvador por parte de funcionarios de seguridad.

Durante las acciones de espionaje, los funcionarios policiales estarían realizando “perfilamiento policial” al personal de Cristosal.

“Estas personas que han sido víctimas de procedimientos arbitrarios tienen una relación laboral con Cristosal y los responsables son miembros de la policía”, dijo en una conferencia David Morales, jefe de Justicia Transicional de la ONG.

De acuerdo con Morales, “estos sucesos se han producido en el contexto de repetidos ataques públicos” que se han realizado “por las administraciones del Gobierno de Nayib Bukele”.

Morales precisó que el espionaje de los funcionarios policiales se centran en el “telefónico” de los trabajadores de la organización.

A juicio de Morales, estos actos de espionaje son “procedimientos arbitrarios e ilegales, sin ninguna motivación basada en razones que lo justifiquen”.

Agregó que estas acciones buscarían “entorpecer, amedrentar y obstaculizar el trabajo de defensa de los derechos humanos que realiza Cristosal”.

También consideró que las “acciones ilegales” en que incurren los funcionarios lo realizan con “fines de presión política” para detener el trabajo de organizaciones civiles.

Morales destacó que este tipo de espionaje en El Salvador “no son admisibles en una democracia”. Antes irregularidades, apuntó que denunciarán estos hechos ante organismos internacionales de Derechos Humanos. Uno de los organismos que pudiera recibir estas denuncias podría ser la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tampoco descartan presentar las denuncias ante “los gobiernos democráticos” de la región para alertar estas acciones que “atentan contra la vida de los trabajadores humanitarios”.

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