Países suscriptores del TIAR crearán un equipo operacional de inteligencia financiera y seguridad pública para acciones judiciales y todas las medidas disponibles para investigar, sancionar, perseguir y capturar a funcionarios venezolanos en dieciocho países, incluyendo Venezuela.
Según el segundo documento emitido por los países firmantes del TIAR reunidos en Nueva York, el “equipo” tendrá como objetivo a los funcionarios del gobierno venezolano incursos en delitos de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Los funcionarios en cuestión serán aquellos señalados en una lista que la misma organización elaborará para estos fines y que será difundida en los próximos días.
La medida incluye el congelamiento de cuentas y el embargo de propiedades de los funcionarios señalados por algunos de los cargos enumerados, cuya residencia o asiento esté dentro del territorio de los países suscriptores del TIAR.
La decisión viene dada porque Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones de grupo armados y narcotraficantes como el Ejercito de Liberación Nacional, ELN, y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, con pleno conocimiento del gobierno, según argumenta la resolución emitida por los Estados suscriptores del TIAR.
La presunta cercanía entre el gobierno venezolano y los grupos de paramilitares de Colombia es considerada una amenaza a escala continental y un incumplimiento de la resolución 1373 suscrita por Venezuela ante la ONU en el 2001.
Hasta el 2019, dieciocho países son miembros del TIAR: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, y Venezuela.
