Distintas organizaciones sociales de Panamá, entre ellas, la Coordinadora Victoriano Lorenzo, marcharon hacia la presidencia de la República para entregar un pliego de peticiones a favor de los tierras.
La movilización estuvo liderada por la Coordinadora Victoriano Lorenzo, un movimiento de grupos de campesinos que intentan parar las expropiaciones.
La marcha salió desde el histórico parque Porras, donde más de 10 comunidades se encaminaron hacia la presidencia de Panamá.
Exigen al gobierno que las tierras que ya están ocupadas por los campesinos y otras comunidades sean expropiadas de manos privadas. Solicitan que estas tierras sean adjudicadas a colectivos de campesinos. Argumentan que actúan de acuerdo con los artículos 48, 50, 51 de la Constitución Nacional de Panamá.
Los mencionados artículos permitirían al gobierno expropiar por motivos de interés social urgente, requisito que cumplen las comunidades que sufren de pobreza extrema debido a la aplicación de políticas neoliberales, según un reporte de Contacto Sur, informativo que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.
De acuerdo con un trabajo reporteril, Pamamá tiene a más de un millón de ciudadanos sin vivienda ni solución alguna por parte del Estado. Además, denuncian que el Gobierno incumple los derechos a la vivienda como señala el artículo 117 de la Constitución Nacional y los artículos: 626, 627, 628 y 630 del Código de la Familia.
De acuerdo con los campesinos, de manera histórica, las expropiaciones de las tierras han favorecido más a los empresarios y personas con poder económico. Así lo denunció Pablo Martínez, representante legal de la Coordinadora Victoriano Lorenzo.
La Coordinadora Victoriano Lorenzo denuncia abuso policial
Los dirigentes comunitarios también denunciaron el abuso policial y al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Los mencionados estamentos de seguridad del Estado estarían realizando desalojos forzosos tumbando y demoliendo las casas con equipos pesados.
Los desalojos forzados estarían siendo ejecutados por la Casa de Paz y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
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