La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron, por medio de un comunicado, que la decisión del TSJ contra el diario El Nacional «se da en el marco de una profunda crisis política e institucional en Venezuela, caracterizada entre otras cosas por una cuestionada independencia judicial y un contexto de represión generalizada, que ha derivado en los últimos años en la erosión del Estado de Derecho».
En ese sentido, ambas instancias dicen sentirse preocupadas por estos hechos e instan a los representantes del Estado venezolano «a abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidos a silenciar la labor informativa de las personas comunicadoras y a remover todas las restricciones desproporcionadas que impiden que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo».
Sobre este caso específico en el cual el actual diputado a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello introdujo una demanda en contra del periódico por republicar un reportaje del diario español ABC en agosto de 2015, la RELE recuerda que «las y los funcionarios públicos no sólo tienen la obligación de tener mayor tolerancia frente a las críticas, sino que además, debido a su condición, cuentan con más posibilidades para dar explicaciones o responder a los cuestionamientos o críticas que se le formulen. Asimismo, el principio de estricta necesidad exige que los medios elegidos para reparar un daño sean los menos costosos para la libertad de expresión, apelando en primer lugar al derecho de rectificación o respuesta y, sólo en caso de que ello sea insuficiente, a responsabilidades jurídicas ulteriores».
Este miércoles 21 de abril, en su programa de televisión, Cabello dijo que había continuado con la demanda porque ninguno de los medios que «lo acusaron», entre ellos los venezolanos El Nacional, Tal Cual y La Patilla, no solo que no presentaron ninguna prueba de los señalamientos que se hacían en su contra sino que además, aseguró, no se le había permitido su derecho a la defensa.
De hecho, advirtió que si la junta directiva del periódico no cancelaba, en efectivo, los más de 13 millones de dólares «tendremos que ejecutar los bienes», lo cual implicaría la toma de la sede y equipos del medio.
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/096.asp
