Pasaron a juicio a 13 de los 27 detenidos de La Victoria

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Este lunes 7 de junio se llevó a cabo la audiencia preliminar del primer grupo de los 27 civiles detenidos por los sucesos de La Victoria desde el pasado 21 marzo cuando se enfrentaban fuerzas militares venezolanas y grupos de irregulares en esa zona fronteriza del municipio Páez, Apure.

El presidente de la ONG de derechos humanos Fundación El Amparo, Walter Márquez, reveló que el juez del Tribunal Militar número 14 de Guasdualito, Benigno Medina, ordenó, al término de la audiencia preliminar, el pase a juicio de 13 personas que habían sido aprehendidas ese día por efectivos militares.

Son acusadas de cuatro delitos: ataque al centinela, rebelión militar, sustracción de objetos militares y traición a la patria. Márquez reveló que 3 de los imputados admitieron los hechos para recibir beneficios procesales pero denunció que habrían sido presionados para que aceptaran «una culpabilidad que no tienen».

En la audiencia fueron puestos en libertad un joven con discapacidad y un hombre de la tercera edad. El segundo grupo de las otras 7 personas será presentado, también en audiencia preliminar, este martes 8 de junio en la sede de los tribunales militares de San Cristóbal, estado Táchira.

La señora Janet Quintero, madre del joven Edicson Quintero, de 23 años y con diversidad mental, rogaba por la liberación de su hijo. Alegaba que era injusto lo que le estaba ocurriendo ya que era totalmente inocente.

Vale recordar que el pasado 21 de marzo, cuando comenzaron los combates, fueron privados de libertad 34 civiles que luego fueron reseñados por el Ministerio de la Defensa como supuestos guerrilleros e integrantes de los grupos a los cuales se enfrentaban en la zona de La Victoria los militares venezolanos.

Después de ser remitidos al Tribunal Militar 14 de la población de Guasdualito fueron trasladados al pabellón de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente del estado Táchira, mejor conocido como cárcel de Santa Ana, a unas 4 horas de la localidad apureña.

ONG como la que dirige Márquez, Fundaredes y Provea han estado asistiendo legalmente a gran parte de los detenidos. Las organizaciones alegan que con el procedimiento se violaba en primer lugar el derecho a la presunción de inocencia además de someter, una vez más, el procesamiento de unos civiles en la jurisdicción militar, violando con ello el artículo 49 constitucional y varios tratados internacionales, de los cuales Venezuela es suscribiente.

Declaraciones de sus familiares y defensores de derechos humanos confirman que dentro de ese grupo de detenidos ninguno pertenece a un grupo guerrillero o a alguna organización ilegal.

Atestiguan que la mayoría son obreros agrícolas, campesinos, docentes y otros trabajadores en  La Victoria, Santa Rosa, El Ripial, La Capilla, como productores  de quesos, otros son mecánicos y artesanos.

Otro dato certificado que refleja la detención arbitraria por parte de efectivos militares es que  la mayoría fueron detenidos en sus casas, en sus lugares de trabajo y en alcabalas.

Además, a los 34 civiles  los acusaron de traición a la patria, rebelión militar, espionaje y ataque al centinela, fabricándoles un expediente en el que incluyeron como pruebas unas báculas de fabricación casera, armas que son de uso frecuente en el campo; también les colocaron municiones que no corresponden a ese tipo de armamento.

El pasado 18 de mayo fueron liberados Arnold Yesid Cermeño Díaz, Evelio Acuña y Lino Remi García Rojas.