El dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Óscar Figuera, calificó de inaceptable la amenaza de denuncia de Diosdado Cabello al rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón.
“Son inaceptables las amenazas que buscan intimidar e inhibir a quien intente hacer cumplir el rol constitucional del poder electoral”, expresó Figuera, diputado en la Asamblea Nacional.
El Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, comunicó el pasado 8 de diciembre que iba a interponer la denuncia “en los próximos días”, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto.
“Estamos recabando todas las declaraciones, todo lo que ha venido haciendo el dirigente de la oposición Picón, asalariado de Capriles, porque vamos a presentar una denuncia, seguramente en los próximos días lo haremos, con todo lo que este señor ha hecho desde su posición política”, manifestó Cabello en su programa semanal “Con el Mazo Dando”.
Por esta razón, Figuera indicó que “sobre la inconstitucionalidad y arbitrariedad de las inhabilitaciones y decisiones que violan el debido proceso en los comicios” locales y regionales del pasado 21 de noviembre “hay graves y numerosas denuncias”.
“El PCV ha sido una de las organizaciones políticas más afectadas. El deber de las instancias es investigar las denuncias y responder a quienes las formulan para garantizar a todas y todos el acceso por igual a la justicia”, resaltó.
Asimismo, resaltó que la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y “a los partidos disidentes de la coalición gobernante”.
De igual forma, Figuera expresó que Cabello al ser “un parlamentario que, en lugar de velar por el cumplimiento de las leyes, se vale de los medios de comunicación públicos para amenazar a quienes demandan el cumplimiento de las mismas, solo es muestra de la frágil legitimidad de las instituciones de la democracia burguesa”.
Es de recordar, que el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), la primera enviada por el bloque comunitario a Venezuela en 15 años, recogió que “la falta e independencia judicial y el irrespeto al Estado de derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y equidad y transparencia de las elecciones”.
