La ONG PROVEA publicó en su página web que indígenas Pemón del estado Bolívar denunciaron este domingo 25 de abril el asesinato del adolescente Luis Mario Meya, de 17 años de edad, presuntamente por mineros ilegales, que ocupan, desde enero, los territorios de esta comunidad indígena en la zona de “El Chivao”.
Al jovencito le habrían disparado en la cabeza, según relatan algunos testigos. Trabajaba como guardia territorial y dentro del equipo de apoyo del cacique de la comunidad Omar Meya que se habían instalado en la zona para intentar frenar el avance de la minería ilegal.
Los indígenas también denunciaron que hace dos semanas fue golpeado salvajemente, también por estos mineros ilegales, el joven Cirilo Briceño, de 26 años, también por la misma causa: disputa por la ocupación del territorio minero.
En febrero de este año la comunidad Pemón de San Luis de Morichal se había declarado en emergencia debido a la ocupación de sus territorios por parte de mineros ilegales, llamados también sindicatos, en áreas del rio Chicanán, una zona ubicada apenas a un kilometro de distancia del centro de la comunidad. Los indígenas calificaron lo ocurrido como una “flagrante invasión y violación de los derechos originarios a las tierras comunitarias”.
Luego, en el mismo mes y a través de un comunicado, los Pemones alertaron que la ocupación era una amenaza directa a sus territorios, modos y costumbres que “ha afectado a los niños y niñas de la comunidad, psicológica y emocionalmente”.
Denunciaron la ocupación de sus tierras por parte de un numeroso grupo de mineros ilegales y actores armados en las minas Chiwao, Mochila, Pistón y Clarita de Uroy, situadas en las cuencas del río Chicanán, afluente del río Cuyuní, un enorme e importante cauce de agua en el que Nicolás Maduro autorizó la minería fluvial en abril pasado.
Desde la declaratoria en el 2016 del desarrollo del Arco Minero estos territorios indígenas ubicados en el estado Bolívar y otros en el estado Amazonas han sufrido las consecuencias de la masificación de las actividades mineras a gran escala con la consecuente afectación al medio ambiente y a la vida de los pueblos originarios, amén de que han aumentado y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
