Este miércoles 7 de mayo de cumplieron las primeras 72 horas del toque de queda ordenado en Pataz, departamento de La Libertad en Perú. La medida viene dada a que en la mina de Pataz, 13 mineros fueron secuestrados y asesinados.
Los cuerpos fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa.
Esta masacre de los mineros es uno de los hechos más graves en cuanto a violación de derechos humanos en Perú por parte de las organizaciones criminales que operan.
Sobre el secuestro y la denuncia del mismo, existe una versión oficial dada a conocer por el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, quien informó que no existe una denuncia de secuestro en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Sin embargo, uno de los padres de los asesinados aseguró que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
El estado de emergencia imperante no impidió la masacre
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Las víctimas trabajaban para “un minero artesanal”
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
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