Para el abogado Alí Daniels el controversial informe de la Misión independiente de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela «tiene implicaciones muy serias porque fue ordenado por el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas y porque los anteriores informes de otros comisionados solo determinaban la responsabilidad del Estado».
En este caso particular destaca el coordinador de la ong Acceso a la Justicia, a través de Radio Fe y Alegría Noticias, que por primera vez, » a un presidente en ejercicio de América Latina se le señala que está involucrado con crímenes de lesa humanidad.
Remarca tres elementos claves que refleja el trabajo de investigación y documentación por la Misión.
El primero está referido a que se indica con nombre y apellido quiénes son los responsables de la violación de derechos humanos en el país.
En segundo lugar califica esas violaciones como crímenes de lesa humanidad lo cual significa que son actos que se ejecutan de una manera sistemática y que constituyen una política y un previamente establecido por el Estado.
La tercera conclusión de la investigación es que la Corte Penal Internacional «debería tomar cartas en el asunto».
En la dimensión de los derechos humanos el también activista aclara que solo el Estado puede violarlos porque es el que se ha comprometido, y se ve obligado, a defenderlos.
Pone como ejemplo de lo suscrito «cuando un PNB golpea a un ciudadano es el Estado el que debería garantizar que eso no ocurriera… y en todo caso la Fiscalía debería imputarlo y hacerlo responsable».
Pero cuando ese policía «lo hace porque recibe una orden de golpear a una persona por razones políticas, por ejemplo, ese mismo acto que individualmente era solo una violación de derechos humanos pasa a ser un crimen de lesa humanidad porque se incluye dentro de una política de Estado que dice que todo detenido opositor usted me lo va a golpear».
Daniels profundiza aún más el concepto y la práctica de delitos de lesa humanidad cuando reseña que en el precitado informe «se refleja que hay sitios clandestinos de tortura…y también dice que esos actos se han ejecutado en presencia de los supervisores de los mismos».
Vale recordar que el trabajo de la Misión, por mandato de Naciones Unidas, se basó en investigar violaciones de derechos en solo 4 renglones: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos, vinculados directamente al derecho a la vida.
Se espera que este 23 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos apruebe el informe y se le extienda el mandato a la Misión por uno o dos años más en el país «para que siga recabando más información sobre estos casos».
Considera el abogado que la permanencia de este grupo de investigación y de determinación de violaciones flagrantes de derechos humanos debe prorrogarse «porque solo en los primeros 6 meses de este año van 650 ejecuciones extrajudiciales…y eso tiene que investigarse y determinar responsables».
¿Qué prosigue de ahora en adelante si se renueva la Misión?
Explica el jurista que de darse el paso que anhelan la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de que la delegación continúe investigando en Venezuela, se espera que la Fiscalía de la CPI tome este informe y avance en su examen preliminar sobre algunos casos en el país desde el año 2018.
Hasta lo que se conoce el examen preliminar del Ministerio Público de la Corte Penal se encuentra en la fase 2 que significa que se pasa a determinar si se cometieron delitos que serían competencia de la Corte.
Y ciertamente, apunta el abogado, el informe de la Misión asegura que sí se incurrieron en delitos de lesa humanidad que la Corte debería de considerar dentro de sus competencias.
Daniels esperar que la contundencia del informe incida como mecanismo de presión ante la Fiscalía.
«Este sería un caso ideal para que la Corte juzgue a funcionarios de un país disitinto África y respondan por las atrocidades que han cometido».
¿Qué esperar del gobierno venezolano?
El gobierno que preside Nicolás Maduro hacia la Corte ha dicho que colaboraría para proporcionar información sobre el examen preliminar que realiza la Fiscalía.
Pero, precisa Daniels, que la información requerida es qué funcionarios ha sancionado el gobierno por violación de derechos humanos «obviamente la respuesta es cero porque en Venezuela no es cierto que al que tortura se le sanciona».
En cuanto a las actuaciones del Ministerio Público venezolano se esperaría que abra averiguaciones de los casos más graves «pero no solo hacia los autores materiales sino también investigar a quienes dan las órdenes, quienes establecen el patrón y que esto sea sistemático y generalizado».
Sin embargo, afirma que en el caso del actual fiscal general Tareck William Saab «eso no va a ocurrir».
También descarta que el informe contenga información que no sea cierta «ya que todas sus presentaciones están sustentadas en entrevistas que tuvieron con los familiares de las víctimas y con algunas de ellas».
Por tanto, rechaza las declaraciones de algunos voceros del gobierno que han señalado que este trabajo está «plagado de falsedades, hecho por una misión fantasma».
