Presentamos la segunda entrega del especial elaborado por los medios de comunicación Soy Arepita, Cinco8, Servicio de Información Pública, y las ONG Provea y Acceso a la Justicia, que destaca el por qué es importante que prosiga con su trabajo en Venezuela la Misión Independiente de Verificación y Determinación de lo Hechos de la ONU, luego de la presentación de su más reciente informe.
No vale solo quedarse con la denuncia
No es solo quedarse en la denuncia, comentarla dos semanas y olvidarla como la novela del año pasado. Lo que nos mostró la Misión de Determinación de Hechos es que ningún avance anunciado por el gobierno en materia de derechos humanos es creíble. En su combo 2×1, describió cómo en Venezuela hay un sistema diseñado para reprimir y así cimentar el control del poder del gobierno. Como dice Marta Valiñas, presidenta de la Misión, los involucrados “muestran que los actos violentos no fueron realizados por individuos al azar y desconectados”.
Y la ñapa viene por cuenta de la minería. La Misión también le echó un ojo a la sistematización de las violaciones y crímenes hacia las poblaciones en las zonas de extracción de oro. Acá, todo el crédito de las violaciones se lo llevan tanto funcionarios estatales como grupos irregulares. Además, el informe ofrece mayores datos sobre la represión a los indígenas en 2019.
Para el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, este informe evidencia cómo en Venezuela no se investiga a las cadenas de mando y cómo se establecen mecanismos para lograr la impunidad de la represión, porque precisamente está involucrado la crème de la crème del Estado: “El informe desmiente toda la propaganda oficialista acerca del mejoramiento de la justicia, muestra que no hay poder judicial independiente e imparcial que juzgue estos crímenes”.
Esto ya lo sabíamos, es cierto, pero es muy distinto que te lo cuente un vecino a que te lo cuente una Misión de expertos de la ONU después de 246 entrevistas: el Dgcim y el Sebin son los principales torturadores en Venezuela, pero no actúan solos. Fanb, Sebin, Faes, Cicpc, Ministerio Público, Dgcim, colectivos y autoridades locales se han coordinado para ejecutar un plan: “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno de Maduro, incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno”, incluyendo sus amigos y familiares.
Lo que no había podido demostrar la Misión, y que ahora queda muy claro, es que no estamos hablando de simples ovejas negras dentro del gobierno, sino de torturadores reclutados y entrenados por el aparato del Estado para ejecutar ese plan. Según se desprende de las entrevistas, Maduro tiene completo control de la Dgcim, pero con frecuencia consulta a asesores para impartir órdenes: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y el Ministro del Interior, por ejemplo. Estos, a su vez, controlan al Sebin.
Además de sus propios funcionarios que actúan como parte de la institucionalización de la tortura, y cuyos nombres podrás ver más abajo, tanto el Dgcim como el Sebin tienen una suerte de nómina paralela que no figura administrativamente, pero que hace el trabajo sucio. Son miembros de colectivos, o jóvenes de barriadas en todo el país seleccionados bajo un ojo fino: tienen cierta patología y son fáciles de identificar. Si alguien hace actos crueles y la persona disfruta de verlos, es candidato ideal.
Estos “trabajadores acreditados” o “Grupo Delta” no tienen contrato, trabajan ad honorem, pero pueden obtener beneficios como una acreditación oficial de la Dgcim y acceder al dinero y bienes de las personas detenidas. Con el tiempo, el negocio de las capturas, torturas y extorsión, se convirtió en un negocio lucrativo que permitió a los funcionarios aumentar los bajísimos salarios, remodelar oficinas y adquirir propiedades bajo un nombre clave: «hacer una mentira de la verdad y la verdad de la mentira» o plantar «semillas».
Con tantos elementos difusos, ¿cómo han conseguido lealtad? Fácil. En medio de la emergencia humanitaria compleja, el sistema de recompensas y castigos (represalias contra ellos y sus familias) se ha aceitado. Tanto, que la estructura del Sebin y la Dgcim está dotada de tal manera que “garantizan a las autoridades de alto nivel que las órdenes de llevar a cabo los crímenes y las violaciones han de cumplirse, de manera cuasi automática”, dice el informe.
Es una operación sin fronteras. Muchos de estos acreditados también actuaban en otros países, como Colombia y Panamá, para reunir información y capturar a disidentes reales y percibidos que eran buscados por el Gobierno venezolano. Entre ellos se encuentran agentes de la Dgcim, colectivos y guerrillas.
Esta es la parte con más lomito del informe. Quizás ya leíste por ahí que los detenidos por la Dgcim y el Sebin se llevan torturas de todos los colores y creatividades. Pero lo que a lo mejor no sepas es todo lo que ocurre para llegar hasta allá. Si en la estación anterior te diste cuenta de lo contaminada que está la cadena de mando, en esta lo verás aún más. ¿O es que tú crees que a todos estos nombres les cuesta dormir de noche?
🩸 Rafael Franco Quintero: General de Brigada de la FANB y exdirector de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dgcim
🩸 Hannover Guerrero: militar, jefe de la DGCIM en la región Capital
🩸 Alexander Granko Arteaga: Teniente Coronel y jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim
🩸 Iván Hernández Dala: General de División de la Fanb y Director General de la Dgcim
🩸 Ronny González Montesinos: Comisario General dentro del Sebin y adscrito a la FAES como Director de la División de Contrainteligencia.
🩸 Carlos Calderón Chirinos: Comisario General, director de la DIE y director de El Helicoide hasta 2018. Actualmente es funcionario de la PNB/FAES.
🩸 Gustavo González López: General en Jefe y Director General del Sebin.
Sin mencionar a D01, D02, S01 y S02, que parecen modelos de teléfono, pero en realidad son cuatro protagonistas más de la tortura que se suman a los mencionados anteriormente –cinco de los siete, militares que evidencian la penetración de la Fanb en las torturas–. La pregunta es: ¿qué tan perfecto es ese engranaje para que todos los responsables caigan siempre de pie? Respuesta: lo suficiente como para dejar en evidencia la impunidad para los causantes de los crímenes en Venezuela.
¿Cuáles son los pasos que aplican los cuerpos de seguridad?
Uno de los primeros pasos en todo el proceso de crímenes por parte de las fuerzas del Estado, son las “desapariciones” de las víctimas. Familiares que perdían el rastro de los presos por semanas, y luego mágicamente aparecían detenidos en Boleíta o El Helicoide. Ah, pero cuando ven la orden de captura, ahí sí salía la fecha de hoy como si las semanas anteriores no existieran. ¿Cómo se emiten esas órdenes?
Esa es solo una de las tantas preguntas que surgen de todo el proceso. Los presos también llegaban con signos de tortura a las audiencias, ¿qué decían los jueces? Además, la Misión afirma que los funcionarios mataban tigre extorsionando o quedándose con objetos de los detenidos, ¿nadie notó que algo faltaba? Eso, sin contar las 17 “casas de seguridad” que el informe describe como centros de detenciones extraoficiales de la Dgcim –en donde venía tortura pareja– y las casas confiscadas por el Sebin para el mismo uso. Una de ellas, por cierto, sale hasta en Google Maps y ninguna autoridad se ha acercado a ver si, por cosas de la vida, lo relatado en los informes es real.
El reloj suizo
Lo que sí es de reconocer, es que la cadena de mando y responsabilidades de los miembros de las fuerzas funcionan como un relojito suizo. Por ejemplo, en el Sebin los inspectores y detectives trabajan por turnos de diez funcionarios que duran de tres a cuatro días. Después, son sustituidos en un intento por normalizar los ciclos de torturas que generalmente ocurren en ese período. Y claro, quien mire feo o sea considerado amenaza, le puede llegar operación tún tún con seguimientos, pruebas fabricadas y la posterior tortura. Torturas que no siempre son para causar dolor, sino para incriminar u obligar a las víctimas a admitir responsabilidades:
Un detenido dijo que los agentes del SEBIN le exigieron que grabara varios mensajes de audio de WhatsApp en los que decía que había recibido financiación internacional y que tenía conexiones con el político opositor Henrique Capriles. Los agentes del SEBIN le dijeron al detenido la información que querían que grabara y lo obligaron a realizar la grabación varias veces. Una vez que el supervisor de los agentes estuvo de acuerdo con la declaración, esta fue enviada al programa de televisión “Con el Mazo Dando” de Diosdado Cabello, donde fue emitida.
Lo que dice el gobierno
Uno de los argumentos más repetidos por el gobierno es que la justicia venezolana está actuando competentemente en los casos de violaciones de derechos humanos. Pero el informe de la Misión dice todo lo contrario: Alexander Granko Arteaga encabeza la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim desde 2017; Gustavo González López dirige el Sebin desde el 29 de abril de 2019 –según la Gaceta Oficial, casualmente un día antes de la Operación Libertad– y ya lo había hecho entre 2014 y 2018; e Iván Hernández Dala es jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar desde 2014, por poner tres ejemplos.
En pocas palabras, las responsabilidades de los altos mandos siguen intactas. ¿Sirve este informe para la investigación de la Corte Penal Internacional? Por supuesto, aunque la investigación a cargo del fiscal, Karim Khan, está detenida tras la solicitud del gobierno venezolano para que la CPI devuelva los casos a Venezuela y puedan ser sancionados según la justicia interna. Es decir sin que aplique el principio de complementariedad. La Fiscalía de la CPI espera entonces que una de las salas de la Corte resuelva si se debe o no continuar la investigación.
Pero, como dice Ignacio Jovtis de Clooney Foundation for Justice, el documento de la Misión es información valiosa, porque justamente demuestra lo que investiga la CPI, sobre todo “quiénes son los responsables penales, quiénes podrían ser llamados para declarar ante un tribunal de la CPI y qué órdenes de arresto o cuáles tipos de órdenes podría emitir la Fiscalía de la Corte para el momento en que empiece el juicio… El timing de este informe es muy bueno, así que la Fiscalía lo va a tener en cuenta”.
