Ante el acuerdo que este martes aprobó la Asamblea Nacional de exhortar al gobierno de expulsar del país al representante de la Unión Europea y su correlativo cierre de la oficina técnica, el politólogo Rafael Curvelo opinó que con esa medida se afectará a uno de los principales mecanismos muy activos por el cual llegan donaciones para ayuda humanitaria a Venezuela.
En diálogo con Radio Fe y Alegría Noticias este miércoles 24 de febrero, Curvelo advirtió que ya el año pasado se había tomado una decisión similar «pero luego se revirtió y se llegó a un acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno venezolano y fue cuando se dio inicio a la oficina técnica, esperemos que en esta oportunidad ocurra lo mismo».
Sin embargo, alertó que «en esta oportunidad la medida es más extremista porque por lo general un parlamento declara persona non grata o emite un voto de censura contra un diplomático o o un funcionario extranjero».
Además de una primera consecuencia negativa que se derivaría de la concreción del acuerdo por parte del ejecutivo nacional, el también miembro del consejo de redacción de la revista SIC cree que esta decisión «no contribuyen a las negociaciones que se desarrollan entre los diferentes bloques con el gobierno venezolano y frena la búsqueda de consensos que pueden llegar a través de acuerdos políticos».
Este lunes la UE emitió sanciones económicas contra 19 funcionarios públicos venezolanos que están relacionados con la realización de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
A propósito de estas amonestaciones, Curvelo señaló que la UE «no midió el timing en la aplicación de estas sanciones, creo que no debió haber sancionado, por ejemplo, al rector del CNE Leonardo Morales, y esto puede complicar aún más el panorama venezolano para alcanzar acuerdos importantes para los procesos electorales previstos para este año».
Con respecto a la reacción del oficialismo sobre esta acción del organismo dijo que son asuntos que se pueden debatir «pero no son sanciones que se le aplican al país sino que tendrían vigencia contra personas al ser congeladas cuentas competentes a lo que es el territorio de la comunidad europea».
Cuestionó, en ese sentido, que a dos meses de entrar en funciones la nueva AN no se desarrollen debates ni acciones para responder a las demandas sociales. Habló en concreto de los asuntos relacionados a la crisis económica, deficiencias de servicios públicos y ahora con el tema de la vacunación contra el Coronavirus, sobre la cual dijo «el gobierno no se puede casar con una sola marca de vacunas porque la demanda de los venezolanos para vacunarse es alta».
Si alabó la reunión sostenida entre varios diputados y representantes de Fedecámaras, lo cual le pareció «una señal positiva de posibilidades de acuerdos para resolver la crisis económica pero lamentablemente parece que eso se quedó en palabras porque fue el mismo gremio el que comunicó la semana pasada que no han vuelto a tener contacto con la gente del gobierno».
Sigue viendo que el tema político continúa como el único presente en la agenda de discusiones tanto del oficialismo como de la oposición.
En cuanto a las inhabilitaciones anunciadas por el Contralor General de la República contra 28 ex diputados nacionales para ejercer cargos de elección popular, Curvelo manifestó que esta es otra acción que perjudica notablemente los espacios democráticos en el país.
