El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ordenó el jueves 17 de junio la intervención del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), acusado de corrupción en la adjudicación de contratos, desvelado por las autoridades judiciales.
«El Consejo Nacional de Vialidad debe ser intervenido. He solicitado al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, que concrete el mecanismo legal apropiado para hacerlo lo más pronto posible», anunció el mandatario en twitter.
El CONAVI adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es la entidad encargada de adjudicar contratos de construcción y mantenimiento de obra pública vial en el país.
Allanamientos y detenciones
El pasado lunes, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
Estas 30 personas siguen detenidas a la espera de si les dictan medidas cautelares y que se han extendido los últimos tres días, ya que se trata de un caso complejo por la cantidad de delitos, pruebas y sospechosos.
Entre los detenidos figuran funcionarios del CONAVI y empresarios de la infraestructura como Carlos Araya, de la empresa constructora MECO, y Mélida Vargas, de la empresa constructora H. Solís.
MECO y H.Solís son los principales contratistas del Estado en obra pública en los últimos años. Las empresas incluidas por las autoridades en el caso son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales.
El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.
Según el OIJ, funcionarios públicos del CONAVI recibían sobornos y favores constantes, y que respondían a una articulación planificada que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales.
Fuente: Dw.
