La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que los privados de libertad del Centro Penitenciario de la Región Andina no cuentan con agua potable.
Asimismo, indicó que reportan problemas con la distribución de alimentos para los internos.
Carolina Girón, responsable general del OVP, señaló a través de una nota de prensa que “la situación de este penal no es distinta a la del resto de los centros penitenciarios en Venezuela. La precariedad a la que sobreviven los 995 presos que alberga el CEPRA es realmente preocupante”.
Con respecto al consumo de agua potable, Girón precisó que “los internos consumen agua contaminada de la quebrada La Sucia, en la cual abundan heces de animales y otros desechos que podrían tener efectos devastadores en la salud de los reclusos”.
Sobre el acceso a la comida, Girón indicó que “la alimentación que reciben es escasa, en mayo protestaron por esta razón y la respuesta del Ministerio Penitenciario fue trasladar a 150 presos hasta el Centro Penitenciario de Occidente”.
La abogada informó que la ingesta diaria de los internos está compuesta de arroz blanco sin acompañantes, agua de lentejas y otros granos.
Otro de los males que aquejan a los privados de libertad son los constantes cortes de electricidad a pesar de que el penal tiene una planta pero esta “se encuentra en muy mal estado”.
Según el observatorio, los internos deben activar la planta cuando se va la luz. De esa acción, un privado de libertad resultó herido.
Caminan hasta 45 minutos para llegar a la cárcel
Al igual que en otros recintos, en el Centro Penitenciario de la Región Andina fue reactivado el ingreso de paquetes e insumos para los reclusos cada 15 días. Sin embargo, desde hace tres semanas los familiares tienen muchas dificultades para trasladarse debido al paro de transporte que recién se levantó tras casi cuatro semanas.
Es por esta razón que algunas madres, esposas y demás familiares deben ingeniárselas para llegar hasta el penal y entre ellos se turnan para finalmente entregar los paquetes. Según el OVP, familiares denuncian que deben caminar hasta 45 minutos desde El Estanquillo hasta la sede del penal.
“Muchas de las madres son personas de la tercera edad, esposas que deben trasladarse con niños a los que no pueden dejar solos por una u otra razón en sus hogares, solo para llevar un poco de alimento a sus seres queridos que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado. A estas mujeres también se les está vulnerando sus derechos”, puntualizó la directora de OVP.
