Privados en el Cicpc de Barcelona siguen en huelga de hambre

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Más de 200 privados de libertad de la delegación en Barcelona del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas mantienen por segundo día consecutivo una huelga de hambre exigiendo atención médica y traslados a otros centros de reclusión debido al hacinamiento y las críticas condiciones de los calabozos.

De acuerdo con información publicada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, los detenidos se ven en la necesidad de establecer «turnos» para dormir que van de 10:00 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada y de allí hasta las 6:00 de la mañana debido a las limitaciones de espacio.

Sus familiares expresaron que a través de cartas, los detenidos relatan los duro que es estar sin atención médica y en instalaciones con capacidad para 40 personas, cuando ahora mismo hay más de 200.

Familiares de detenidos en el Cicpc de Barcelona

Según testimonios de padres, madres y hermanos de privados de libertad, en lo que va de año han fallecido 9 presos en esta sede por falta de atención médica oportuna.

«No nada más abogo por mi hijo sino por todos los muchachos que están allí. El viernes pasado vino Protección Civil y solo desinfectaron la fachada del Cicpc, las rejas y los portones. No desinfectaron el área de los calabozos y eso tienen que hacerlo para que no se sigan enfermando. Ellos son seres humanos», expresó Nadis Gil, madre de uno de los detenidos.

La comida se daña

En lo que respecta a la entrega de alimentos, los familiares manifestaron que muchas veces dura tanto tiempo en ser entregados que se descomponen, generando muchas veces malestar físico en los detenidos.

«Nosotros los pasamos y los agentes los dejan ahí. Les caen moscas y por eso es que ellos presentan esos problemas», agregaron.

Otra de las denuncias de los dolientes de estos presos es el retardo procesal del que son víctimas, por lo que le extienden un llamado a la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y a las autoridades regionales del Ministerio Público para velar por el debido cumplimiento de los procesos legales en el tiempo que establece la ley.