Este sábado 25 de julio se generó una situación de conflicto entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y conductores que esperaban surtir combustible en la estación de servicio Buenos Aires, ubicada en el municipio Aragua del estado Anzoátegui.
Esta situación violenta dejó como saldo la muerte de un comerciante de nombre Carlos Chaparro, de 43 años de edad, mientras que Cristóbal Ruíz, de 51 años, salió herido.
Según la versión de los cuerpos de seguridad, los efectivos, en una comisión mixta con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la delegación del municipio Aragua, llegaron a la estación en respuesta a denuncias sobre el cobro de «vacunas» por parte de un Grupo Estructurado para la Delincuencia Organizada (GEDO) para poder acceder al combustible.
Aseguraron que al momento de intentar realizar las respectivas aprehensiones de los supuestos extorsionadores, una turba de gente los agredió con piedras y otros objetos contundentes, viéndose en la necesidad de responder con disparos al aire para resguardar su integridad física.
En el lugar resultó herido de muerte un hombre de 43 años y otro de gravedad en la zona dorsal con salida en la región renal, el cual fue trasladado al hospital Luis Razetti de la ciudad de Barcelona para ser operado.
Por otra parte, según testimonios de algunos presentes en este altercado, el municipio de Aragua tenía alrededor de 17 días sin despacho de combustible y después de llegar la cisterna solo lograron surtir un aproximado de 40 vehículos.
Acto seguido, los militares que custodian la estación de servicio dieron la orden de no permanecer más en colas.
Esto, sumado a otras presuntas irregularidades en el acceso a la gasolina, habrían generado la molestia de los conductores quienes, después del lamentable resultado de un fallecido y un herido, fueron hasta la vivienda del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana a quien le atribuyen este saldo lamentable y sacaron algunos enseres y los quemaron.
En relación a esto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, publicó a través de sus redes sociales que fueron designadas las fiscalías 8va y 19na para el esclarecimiento y sanción a tan lamentables sucesos.
De igual manera, el gobernador Antonio Barreto Sira repudió lo ocurrido y expresó que esto expresó deja en evidencia «la crisis que vive el pueblo con la escasez de gasolina».
Atribuyó el hecho a presuntas irregularidades en el manejo de las estaciones de servicio.
Mientras que el comisionado para los Derechos Humanos designado por el diputado Juan Guaidó, Humberto Prado, aseguró que ya informó sobre lo ocurrido a la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH, Michel Bachelet, y al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
