El Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega se organizó desde hace 10 meses luego de unos operativos de seguridad y aseguran haber documentado 23 casos de violaciones a los Derechos Humanos.
Frente al Palacio de Justicia, en Caracas, familiares y organizaciones se concentraron este martes 26 de abril para exigir la libertad de varios jóvenes de la Vega apresados durante los operativos de seguridad.
Martha Lía Grajales, del Colectivo de DDHH Surgentes, comentó que se trata de cinco jóvenes que permanecen injustamente detenidos de nombres Osmar José Benítez, Kevin Reinosa Parra, Hécgerson Chaparro Castillo, Félix Maíz y Darwin Rivas Polanco.
Aclaró Lía que la comunidad popular de la Parroquia La Vega no se opone al deber que tiene el estado de combatir la expansión de las bandas delictivas que operaban en esos territorios, “pero también sentimos que estos operativos con graves violaciones a los Derechos Humanos en contra de personas que no tienen ningún tipo de vinculación con el accionar de esas bandas”, precisó.
Los cinco jóvenes permanecen detenidos acusados de tráficos de armas y municiones a pesar de que no hay ninguna prueba en su contra, “todas las pruebas se sustentan únicamente en versiones de los policías que hicieron la detención”, dijo Lía Grajales.
Sin acceso a expedientes
Los familiares han intentado llamar la atención de diferentes autoridades, considerando que existen graves inconsistencias en los procesos que se adelantan en contra de los jóvenes.
A su vez, denunciaron la falta de la defensa pública técnica que les colocaron, pues señalan que ha sido muy difícil poder coordinar los esfuerzos. Alegan que la defensoría no se reúne con los familiares y no coordinan con los detenidos el ejercicio de la defensa.
Además, 10 meses después de la detención no han logrado obtener acceso a los expedientes, Este elemento constituye un obstáculo importante para que los detenidos puedan ejercer un derecho a la defensa real y efectiva.
Aseguraron que algunos de los jóvenes detenidos se encontraban circulando por el sector mientras ocurría el operativo.
Por otro lado, denunciaron los patrones de la detención arbitraria en el contexto de los operativos policiales en el año 2021 (siembra de evidencia, allanamientos ilegales).
Graves condiciones de reclusión
Asimismo, mencionaron la existencia de las graves condiciones de reclusión en las que se encuentran, de los cuales cuatro de ellos están recluidos en centros de detención policial, ubicados en la zona siete de Boleíta, La Yaguara y San Agustín de Sur.
«Para poder visitarlos es necesario hacer el pago de 5 dólares por persona y si quieren tomar aire deben cancelar 1 dólar, que constituyen unos cobros ilegales que no tienen ningún tipo de sustento y que además viola su derecho como presos», apuntó Lía.
En el caso específico de Kevin Reinosa Parra, manifestaron su preocupación porque desde el mes de octubre del año pasado, está presentando síntomas de una enfermedad respiratoria y temen sea tuberculosis. Uno de sus compañeros de celda murió con una sintomatología asociada a esta enfermedad.
Lía Grajales dijo que a Parra le hicieron unos exámenes médicos en el mes de enero, pero no le informaron qué resultados arrojaron, solo les dijeron que tenía un pulmón comprometido. “Hemos estado solicitando la prueba del esputo para verificar si padece la enfermedad, pero hasta el momento no ha sido posible este traslado.
Por último, pidieron encarecidamente a las autoridades que revisen el estatus de los detenidos, constaten las denuncias que ellos están haciendo, para lograr transformar las injusticias que los mantienen detenidos.
