Organizaciones de la sociedad civil venezolana y ciudadanos por cuenta propia acudieron a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para exigir la liberación de los tres activistas de la ONG defensora de los derechos humanos Fundaredes, detenidos el 2 de julio en el estado Falcón por parte de funcionarios del SEBIN.
Paradójicamente, la detención de los activistas de los derechos humanos ocurrió luego de salir de la sede del Ministerio Público donde acudieron para denunciar hostigamiento por parte del Servicio de Inteligencia de la Policía (SIEP).
Mientras un grupo de ciudadanos protestaban a las afueras de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, los usuarios de las red social Twitter también exigieron la liberación de los defensores de los derechos humanos. Miembros de Fundaredes encabezaron la protesta.
En este momento organizaciones de la sociedad civil y defensores de DDHH están en la sede del #PNUD en Caracas, exigiendo la liberación inmediata de los activistas de @FundaREDES_.
— FundaREDES (@FundaREDES_) July 6, 2021
Defender Derechos Humanos no es un delito ✊
📱 @JEPvzla#LiberenALos3DeFundaRedes pic.twitter.com/GSbxWEHHF2
En los reclamos denunciaron varias irregularidades en el proceso como la negativa por parte del Tribunal Tercero de Control con competencia nacional de permitir la defensa privada.
Otra irregularidad sería el traslado de los activistas a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide, Caracas, incumpliendo la orden de un juez que dictaminó como sitio de reclusión la cárcel Hombre Nuevo, conocida antiguamente como La Planta en El Paraíso.
Hasta ahora siguen detenidos el coordinador general de Fundaredes, Javier Tarazona, junto a su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García, y están siendo acusados por odio, terrorismo y traición a la patria, delitos que son rechazados por la sociedad civil venezolana.
Con la detención de Javier Tarazano, el Estado venezolano irrespetó una medida de protección dictada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgada en junio de 2020.
