El Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos confirmó a principios de este año, a través de su informe anual, que en todo el país se registró esa cantidad de muertes por ejecuciones extrajudiciales por organismos de seguridad.
Marino Alvarado, coordinador de la Unidad de Difusión e Investigación de esta ong, explica que realizan el monitoreo de esta dramática realidad junto al Centro Gumilla de la Compañía de Jesús en Venezuela.
Con bastante preocupación alerta que es alarmante el índice de recurrencia de estas prácticas sistemáticas por parte de las FAES, organismo que lleva un alto récord con estas ejecuciones extrajudiciales seguido del CICPC, policías estadales y municipales.
Recuerda Alvarado que esta situación fue «denunciada por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU» y que luego reflejó en un contundente informe sobre Venezuela posterior a su visita al país en julio de 2019.
Por esta razón, dice el activista, Michelle Bachellet «recomendaba» al gobierno venezolano la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Al referirse al caso específico de las ejecuciones extrajudiciales en el estado Zulia el activista en derechos humanos señala que es la policía regional el organismo que lleva el mayor récord de estas muertes.
Es clave la documentación para las denuncias
En torno a la cifra que publican en su informe por este renglón confirma que la información que recaban sobre estos casos «contempla nombre y apellido de la persona ajusticiada, dirección de residencia, presunto organismo responsable, etc».
Este mecanismo permite que organizaciones no gubernamentales en esta materia puedan fundamentar las denuncias respectivas ante las instancias jurídicas.
Los barrios y los más pobres pagan los «platos rotos»
Pero Marino Alvarado es más pesimista cuando comenta que «ha sido el propio Estado el que ha reconocido que el número de muertes por «resistencia a la autoridad» sobrepasa los 5 mil casos…eso nos da un escenario peor de la magnitud del problema».
Con la famosa tesis casi nunca comprobada de «supuestos enfrentamientos» entre funcionarios de seguridad y delincuentes, las autoridades regionales buscan «justificar» estos asesinatos que mayormente se cometen en barriadas y comunidades populares de todo el país.
Es por eso que el equipo de Provea certifica que se está en presencia de «una práctica irregular» porque «casi todos los asesinatos son de personas que no han cometido ningún delito» o que no tienen antecedentes policiales.
Alvarado va más allá cuando asevera que «quien vive en un barrio y tiene antecedentes policiales prácticamente tiene una condena porque van a aparecer en la computadora del FAES o del CICPC».
Agrega que a esa «persona condenada a morir» no la salva «ni siquiera que haya demostrado que ha sido reinsertada a la sociedad».
Dice que esta conducta del Estado venezolano para combatir el crimen no resuelve el problema de la inseguridad de sus ciudadanos pero además «no contribuye en nada a la pacificación del país…por el contrario, acrecienta la violencia».
Sigue insistiendo en que es en las barriadas más pobres del país donde estos cuerpos de seguridad actúan con más ferocidad «porque allanan casas sin orden judicial, se llevan detenidas a las personas sin previo aviso, les roban artefactos, zapatos, ropa, juguetes, comida…es algo impresionante», sostiene el integrante de Provea.
Y lo peor es que de estos miles de casos de ejecuciones extrajudiciales «solo 3 o 4 terminan llegando a feliz término cuando se procede a sus investigaciones».
Dicho de otra manera, la impunidad reina a sus anchas en Venezuela.
Radio Fe y Alegría Noticias profundiza en esta dramática realidad, con reportajes de investigación, en donde la actuación de organismos policiales como FAES, Policías Regionales, PNB, CICPC y del ámbito militar como GNB, Ejército y DGCIM, constituyen una clara violación del derecho fundamental de la vida.
