La reconocida ONG de derechos humanos en Venezuela PROVEA denunció que el canciller venezolano Jorge Arreaza violó el principio de inocencia de los trabajadores humanitarios de Azul Positivo en una carta que le envió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Cita la organización que el diplomático afirmó que los trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo, “empleaban tarjetas inteligentes para recibir divisas del exterior sin el debido control legal, violando de manera flagrante (sic) las normas establecidas en mi país sobre legitimación de capitales”.
La misiva a la cual se refiere PROVEA es una comunicación fechada el pasado 18 de febrero en la que Arreaza pretendió responder a las preguntas enviadas el pasado 11 de febrero por seis mecanismos temáticos de la ONU sobre la presunta detención arbitraria de cinco integrantes de la organización Azul Positivo, el allanamiento a la organización Convite y la criminalización de la defensora Vanessa Rosales.
Sin embargo, el alto funcionario no respondió a esas preguntas sino que optó por responder a un comunicado de prensa de un grupo de relatores, fechado también el 18 de febrero pasado, sobre la detención arbitraria de los trabajadores humanitarios de Azul Positivo.
Dice la ONG que «en su comunicación el señor Arreaza pone en duda la credibilidad y la reputación de los relatores que enviaron el comunicado de prensa del mismo 18 de febrero sobre Azul Positivo, y afirma que con ese comunicado los relatores violan el Código de Conducta de los Procedimientos Especiales, aprobado en la Resolución 5/2 del Consejo de Derechos Humanos».
Y alertó «sobre las intenciones del gobierno de facto para atacar a los relatores y grupos de trabajo que ejercen sus mandatos, invocando para ello el mencionado Código de Conducta, una actitud similar a la de varios gobiernos violadores de derechos humanos a los que les incomoda el monitoreo internacional por parte de esos mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos».
No entregarán listas de beneficiarios
En relación a la reciente normativa que obliga a las diferentes organizaciones de la sociedad a inscribirse en un registro ante el cual deben entregar información sensible de sus actividades y proyectos, el coordinador de investigación y difusión Marino Alvarado advirtió que no entregarán ningún listado de sus beneficiarios.
Considera que esta nueva acción forma parte de la campaña de criminalización contra las ONG en el país por parte del gobierno ya que la nueva normativa se enmarca en los controles gubernamentales sobre acciones financiadas desde el exterior para fines terroristas.
Por otro lado, Alvarado alegó que «no nos pueden prohibir agruparnos con otros para perseguir un objetivo común. El derecho a la asociación está protegido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Anunció que en los próximos días sacarán un comunicado conjunto fijando posición sobre esta decisión y una serie de acciones que emprenderán.
