La ONG de derechos humanos PROVEA denunció ante la opinión pública que en Venezuela no se investiga ni se castiga las cadenas de mando en torno a determinar responsabilidades en la violación sistemática de derechos humanos.
La organización aseguró que en el país existe una «impunidad estructural» que impide investigar y castigar a los altos mandos, incluyendo a los altos funcionarios del Ministerio de Defensa, así como a los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia.
La denuncia de Provea es a propósito de la visita de Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional ( CPI). En una denuncia anterior, la ONG sostuvo que entre las «víctimas de la represión» figuran sindicalistas, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, líderes políticos de la oposición y militares críticos.
Según Provea y el el monitoreo de Lupa por La Vida, solo en el año 2020 se contabilizaron más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales. Y entre 2018 y 2020, 40 personas fueron torturadas y asesinadas.
Además, Provea aseguró que en Venezuela hay 250 presos políticos víctimas de la persecución y criminalización de la política.
Una de las últimas víctimas del Estado venezolano es Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos y directivo de la ONG Fundaredes, quien este tres de noviembre arriba a 124 días privado de libertad.
En Venezuela NO se investigan las cadenas de mando ni a los altos cargos en los Ministerios de Defensa y de Interior y Justicia.
— PROVEA (@_Provea) November 2, 2021
Sr. @KarimKhanQC la impunidad estructural ha vuelto intocables a algunos presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad. #VenezuelaExigeJusticia pic.twitter.com/yc50pku3YC
