Este jueves 18 de febrero la Cancillería de Venezuela rechazó el comunicado publicado por representantes de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, sobre los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo.
Según la Cancillería de la República el documento del Consejo de Derechos Humanos «denota un profundo conocimiento del ordenamiento jurídico venezolano y califica hechos sin conocer sus verdaderas implicaciones legales».
La Cancillería de Venezuela también expresó su preocupación por «la tergiversación» en la que incurre este grupo de representantes de los procedimientos especiales, ante las averiguaciones judiciales cursadas a la ONG Azul Positivo.
En el texto se lee que se detectó una práctica de transferencia de recursos en divisas extrajeras a individuos «bajo una modalidad financiera no autorizada, ni contemplada en las leyes venezolanas».
Se indica que como en todo proceso judicial que se desarrolla en Venezuela, los integrantes de Azul Positivo implicados en el caso, «cuentan con la plena garantía del debido proceso y derecho a la defensa».
Relatores de Derechos Humanos de la ONU exigieron al gobierno de Venezuela levantar cargos en contra de los 5 trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, que si bien han sido puestos en libertad, el 10 de febrero, continúan sobre ellos los cargos que se les imputaban, relacionados con el terrorismo, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.
Aseveran los especialistas que dichas imputaciones no se les han sido retiradas a los 5 activistas que fueron detenidos el 12 de enero por parte de una comisión de la DGCIM en Maracaibo.
