Alena Douhan, Relatora Especial de la ONU para investigar las repercusiones en Venezuela de la aplicación de medidas sancionatorias internacionales contra el país, no ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación mientras dure su visita de trabajo que comenzó este lunes 1 de febrero.
Fuentes confiables le confirmaron a Radio Fe y Alegría Noticias la alta funcionaria solo dará una rueda de prensa el viernes 12 de febrero, al término de su ronda de reuniones, y solo revelará datos generales y no se detendrá en dar detalles de sus investigaciones.
Será en el mes de septiembre cuando Douhan presente su informe sobre este trabajo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La alta funcionaria ha optado por mantener absoluto silencio durante estos días «para no empañar las investigaciones y para garantizar la reserva de las identidades de quienes se reúnen con ella», dijo la fuente.
Este martes se conoció que Dohuan se reunión con un grupo de dirigentes políticos de oposición que se siguen llamando diputados a la AN, electos en el 2015 y que el nuevo parlamento no reconoce como tales.
Sin embargo, extraoficialmente se afirma que en este encuentro no estuvo presente el líder político de oposición Juan Guaidó.
Otra de las reuniones que sostuvo la Relatora fue con una representación del gobierno nacional que preside Nicolás Maduro. También se prevé que pueda ser recibida por la directiva de la nueva AN.
Una de las principales finalidades de este trabajo de la ONU en Venezuela es verificar cuál ha sido el impacto de las sanciones unilaterales aplicadas contra instituciones y funcionarios del país en el disfrute de los derechos humanos de la población.
Asunto que el ejecutivo nacional ha asumido a su favor interpretando que el veredicto de Douhan será, al final, la ratificación de una tesis que ha manejado en los últimos años: que las sanciones y el bloqueo económico de los Estados Unidos son la única causa de la actual crisis económica y social de Venezuela.
De hecho, es la única visita de este mecanismo de verificación que ha permitido de las 10 acordadas el año pasado con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En un breve comunicado la ONU explicó que a la enviada especial «también le gustaría reunirse con organizaciones no gubernamentales, de la comunidad empresarial, de la sociedad civil y de la oposición, en particular aquellas cuyas actividades pueden verse afectadas por medidas coercitivas unilaterales, así como con académicos con experiencia específica en este campo».
Igualmente ha mostrado interés en revisar la situación de algunas ONG del espacio humanitario en Venezuela, cuyo trabajo ha sido hostigado por autoridades venezolanos, incluyendo la detención de 5 miembros de la fundación Azul Positivo.
