Más de 60 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela le enviaron una carta a la Relatora Especial de la ONU para el tema de las sanciones económicas en el país, Alena Douhan, a su llegada al país.
En la misiva advierten que de los 10 mecanismos temáticos de verificación de situaciones que fueron acordados entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el gobierno venezolano en visita de Michelle Bachelet en junio de 2019, solamente se ha permitido esta visita de Douhan, relativa a medir el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en el país.
Hacen recordar que ese acuerdo entre la alta representación de Naciones Unidas para los derechos humanos y el ejecutivo nacional fue refrendado en la sesión de ese año del Consejo de Derechos Humanos y en el cual se ratificó que a Venezuela podrían acudir para jornadas de trabajo los mecanismos relativos al Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, además de la visita de la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales.
Igualmente, en ese compromiso se suscribieron las visitas del Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias; sobre el Derecho a la Alimentación; el trabajo del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la visita del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles y penas, inhumanos y/o degradantes; y la Relatoría Especial de los derechos de los pueblos indígenas.
Refieren los activistas en la carta que el gobierno venezolano solo ha dado el visto bueno para la visita y trabajo de la Relatoría que encabeza Douhan con el objetivo, según afirman, de utilizar las sanciones impuestas mayormente por los Estados Unidos para ocultar su responsabilidad «en la crisis humanitaria compleja, causada por años de corrupción a gran escala».
Los firmantes dicen estar de acuerdo con la solicitud hecha en reiteradas ocasiones por la misma Comisionada Bachelet para el alivio de las sanciones pero con el fin de disponer de suficientes recursos para la atención de la COVID-19 en el país.
También denuncian la obstaculización y criminalización de los funcionarios gubernamentales de la labor de las organizaciones del espacio humanitario, por lo cual le solicitan a la diplomática acometer las siguientes acciones.
- Estudiar la evolución de la corrupción durante las últimas dos décadas y su impacto en la vulnerabilidad en el pueblo venezolano.
- Que tome en cuenta la situación preexistente al momento de la imposición de las sanciones y que llevó al colapso del sistema público de salud y a la catástrofe alimentaria
- Que constate la falta de transparencia en la gestión pública y la falta de acceso a la información que impide la contraloría social del gasto público
- Que se reúna con los medios de comunicación social independientes, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil para constatar su situación, en particular la política de persecución y hostigamiento en su contra
La carta, fechada este lunes 1 de febrero, es refrendada, entre otras organizaciones, por Acceso a la Justicia, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Centro de Acción y Defensa de los derechos humanos, Cepaz, Civilis Derechos Humanos, Prepara Familia, Movimiento Ciudadano Dale Letra, Promedehum, Una Ventana a la Libertad y Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto.
#01Feb Carta abierta sobre la visita a #Venezuela por parte de la Señora Alena Douhan, Relatora Especial @ONU_es sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los #DerechosHumanos pic.twitter.com/VZ95wp1CHL
— PROMEDEHUM (@promedehum) February 1, 2021
