El ex presidente colombiano dio a conocer su decisión de separarse del curul que ocupa en el Senado de su país a través de una carta que le envió al presidente del Congreso Arturo Char.
Según explica Uribe en la misiva las razones que lo condujeron para tomar esta «dura» decisión tienen que ver con la detención domiciliaria por supuesta influencia de testigos.
En concreto dijo sentirse muy mal porque se siente «secuestrado» por un manojo de mentiras, por sesgos. Estoy secuestrado por la complicidad de unos magistrados y del joven senador Iván Cepeda, afín a las FARC».
Por otro lado, agrega que en el proceso que le siguen le han violado ocho garantías procesales fundamentales, después de que, según dijo, compraron testigos.
Su abogado, Jaime Granados, aseguró que, tras examinar las 1.554 páginas de la decisión de la Corte, concluyó que no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente.
“Esta decisión infundada y sin precedentes en la Justicia del país demuestra cómo a Álvaro Uribe se le han violado principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”, añadió el defensor del ex mandatario.
El polémico caso comenzó en 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra el exmandatario por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Este 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el arresto domiciliario de Uribe, al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia en el proceso abierto en su contra.
Dos días después de esta decisión judicial al también senador se le diagnosticó que había resultado positivo de COVID-19, por lo que, además de las medidas de seguridad de las cuales sería objeto, debía cumplir también con el tratamiento y protocolo sanitario respectivo.
