Cuando se produjo la liberación de los 8 militares venezolanos capturados por las FARC el pasado 31 de mayo en casi todo el país quedó la impresión generalizada de que el conflicto armado que comenzó en La Victoria de Apure el 21 de marzo había finalizado.
Sin embargo, esto no es cierto. Más allá de las consideraciones políticas y de estrategia militar, la realidad sobre la vulneración de varios derechos humanos en el desarrollo de los enfrentamientos armados entre fuerzas militares venezolanas y grupos de irregulares, es inocultable.
En el día mundial del refugiado, este 20 de junio, el Servicio Jesuita para los Refugiados, que ha acompañado a estas personas desplazadas, emitió un pronunciamiento en el cual exige que a esta situación no se le aborde solo desde el punto de vista bélico sino desde la perspectiva humanitaria y de derechos humanos.
Justifica el SJR que son estas personas en condición de desplazamiento forzoso las que quedan expuestas a mayores riesgos en medio de este fuego cruzado y con altísimas vulnerabilidades y de desprotección.
Y en medio de este contexto surge de nuevo el temor a un nuevo desplazamiento forzado desde estas localidades rurales a la población colombiana de Arauquita, cruzando otra vez, en medio de altos riesgos, el caudaloso río Arauca.
Días atrás pobladores de las zonas de La Capilla, La Soledad, El Ripial, Santa Rosa y de la misma La Victoria comentaban que desde el pasado 9 de junio habían notado nuevamente la presencia de integrantes del Décimo Frente de las FARC, guerrilla colombiana, en algunas de esas comunidades rurales del fronterizo municipio Páez.
Activistas de derechos humanos en la frontera de Apure con el Departamento de Arauca, Colombia, aseguraron días atrás que los irregulares amenazaban a los residentes para que abandonaran de nuevo esos predios porque ese había sido el presunto «acuerdo» entre ellos y el gobierno venezolano.
El pasado jueves 17 de junio el jefe del CEOFANB, Remigio Ceballos, informó que se había enviado un nuevo contingente militar a la zona para reforzar la presencia y seguridad en estos poblados.
Aunque no respondió de manera directa a los rumores sobre la presunta nueva presencia de irregulares en ese eje fronterizo, expertos en la materia indican que este anuncio constituye definitivamente una clara señal de que la FANB se prepara para otro eventual combate con los disidentes de las FARC.
Este escenario es el que atemoriza a los ciudadanos de esta región fronteriza toda vez que desde hace dos semanas más de 3 mil personas habían comenzado a retornar desde Arauquita a sus hogares de La Victoria y caseríos aledaños.
Primer desplazamiento: casi 6 mil personas obligadas a huir de sus casas y sitios de trabajo
En la medida en que se iban desarrollando los enfrentamientos desde el 21 de marzo iba aumentando también el éxodo masivo de personas desde La Victoria y zonas aledañas hacia la población colombiana de Arauquita.
Las autoridades del municipio colombiano decretaron el estado de emergencia debido a la numerosa cantidad de desplazados que iban llegando a la ciudad.
Rápidamente se fueron instalando diferentes albergues y centros de refugio para recibir y atender a casi 6 mil personas provenientes de territorio apureño.
Algunas organizaciones y agencias internacionales que se dedicaron a atender el problema señalaron en su momento que el número de desplazados superaba los 6 mil, pero no existe un dato oficial al respecto.
Lo cierto es que ese desplazamiento forzado constituyó una de las peores consecuencias del conflicto armado en la zona. Miles de familias venezolanas se vieron obligadas a abandonar bruscamente sus casas y quedar en una situación de extrema vulnerabilidad.
Por otro lado, varias de estas personas llegaron a afirmar que temían por sus vidas si continuaban en la zona ya que habían recibido amenazas por parte de efectivos de seguridad venezolanos como por algunos miembros de las disidencias de las FARC.
A la par la instalación de una nueva Zona de Defensa Integral en el Alto Apure representó ser otra limitante más para la movilidad de los lugareños por esa zona de la frontera ya que a los ciudadanos se les pedía un salvoconducto y se impusieron restricciones de horarios para desplazarse.
En su momento varias ONG venezolanas y colombianas solicitaron a la ONU el envío de una misión especial a esta frontera para mediar en el conflicto y proteger a la población civil.
Pese a los informes que recibió el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre la situación nunca hubo un pronunciamiento al respecto.
A la par de esta migración obligada por la violencia los derechos a la educación y a la protección de miles de niños también quedaron violentados.
Los estudiantes no pudieron proseguir sus clases virtuales según la programación del Ministerio de Educación de Venezuela y en los albergues, pese a los esfuerzos de las autoridades de Arauquita, las condiciones de habitabilidad y seguridad no eran las mejores.
El fluido tránsito en el paso de las canoas entre Arauquita, extremo colombiano del río, y La Victoria, en el extremo venezolano, simula una aparente normalidad, de la que hablan las autoridades venezolanas en sus videos: “Aquí ya todo está en orden, solo hay una manipulación mediática”, decía el alcalde del municipio Páez, José María Romero, a pocos días de los sucesos.
Sin embargo, las visitas diarias a La Victoria de varios de sus hijos que aún permanecen en Arauquita, la extrema militarización con funcionarios de todos los cuerpos de seguridad del Estado, así como el traslado a la zona del despacho municipal de Páez, cuyo asiento natural queda en Guasdualito, a 90 kilómetros de esta frontera, contrastan con esta verdad oficial.
Uno de estos hijos de Urdaneta, que todavía no regresa a su hogar, desembarcaba todas las mañanas en La Victoria “normal de las autoridades venezolanas” para revisar su casa, verificar que no le falta nada, tomar algo si lo necesita, “vender tinto” (café) y retornar a Arauquita por la tarde.
Historias como estas se repitieron constantemente en medio del conflicto que duró más de dos meses Y es lo que desean todos que no se vuelvan a repetir. Estiman que si se produce esta nueva oleada «el número de desplazados pudiera ser mayor».
