En un diálogo entre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Gobierno de Venezuela efectuado este 10 de octubre de 2023, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, refutó las afirmaciones de los representantes del Comité respecto a los datos sobre derechos humanos en el país.
Saab lamentó la “falta de investigación” y “profesionalismo” en la “búsqueda de la verdad” por parte del Comité, y criticó la falta de consulta a fuentes oficiales para respaldar sus datos.
En respuesta a las cifras presentadas por el Comité, Saab declaró que lamenta que las estadísticas de ejecuciones extrajudiciales las buscaran “vía Twitter o las redes sociales” o con “un post de Instagram o de Facebook”. En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de basarse en la estadística, el expediente y la visita a Venezuela para obtener una imagen precisa de la situación, en lugar de depender de información no verificada en las redes sociales o por parte de organizaciones no competentes para investigar.
“No deja de sorprender que no haya ido a la fuente oficial y se politice un tema tan sagrado, tan místico en la militancia de quienes hemos sido activistas en derechos humanos. (…) La realidad la pueden ver cuando quieran ir a Venezuela, como ha podido ir el fiscal de la CPI, Karim Khan (…) para que puedan constatar cifras demoledoras, contundentes”.
“Lo bueno de estas reuniones es que ustedes tienen la oportunidad de ver cara a cara a los protagonistas de la otra realidad, no lo que está en internet o diga algún respetado miembro de una organización no gubernamental (…) que no cuenta con la competencia para investigar. Quien tiene la competencia para investigar es el Estado”, añadió minutos después.
Las estadísticas del fiscal para contrarrestar al Comité
Saab proporcionó estadísticas sobre las acciones tomadas en Venezuela en relación con los derechos humanos desde 2016 hasta 2023, incluyendo imputaciones, acusaciones y condenas de funcionarios civiles, policiales y militares. Los datos que proporcionó son los siguientes:
- 5.852 funcionarios fueron imputados por delitos relacionados con derechos humanos, como privación ilegítima de la libertad, trato cruel e inhumano, de acuerdo con normativas internacionales y políticas.
- 265.000 diligencias que llevaron a imputaciones y acusaciones.
- 3.026 funcionarios, tanto policiales como militares, fueron acusados en casos vinculados a delitos de derechos humanos.
- 5.159 funcionarios policiales y militares fueron acusados por delitos como desaparición forzada de personas, trato cruel, homicidio, privación ilegítima y abuso de autoridad, entre otros.
- 571 funcionarios civiles, policiales y militares fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
- 862 funcionarios policiales acusados por delitos vinculados a violaciones de derechos humanos.
Saab destacó que estas cifras provienen de expedientes y sentencias “definitivamente firmes”.
“Como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela puedo decir acá con la frente en alto, mirándolos a todos, que nos sentimos altamente comprometidos con la constitución de la República de Venezuela y la legislación de nuestro país. Al mismo tiempo, nos convocamos a ser profesionalmente impecables e implacables a la hora de castigar y sancionar a quienes se atrevan en nuestro país a violar los derechos humanos”, aseveró tras compartir las cifras del Ministerio Público.
De la corrupción también habló
Saab también abordó la lucha contra la corrupción en Venezuela y mencionó que han imputado a más de 21,534 funcionarios desde 2016, con condenas a 5,365 “delincuentes vinculados a organismos que cometieron el delito de corrupción”.
Además, destacó que han procesado a más de 400 fiscales y directores dentro del Ministerio Público por delitos de corrupción, con 40 condenas hasta la fecha.
Lo que dijo sobre la corrupción en Pdvsa-Cripto
En la reunión, Saab también mencionó un “caso ejemplar” de lucha contra la corrupción en el que altos gerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) están siendo procesados y acusados, así como empresarios y miembros de la Asamblea Nacional vinculados a un caso de corrupción en la estatal petrolera.
Descalificación
El fiscal general concluyó que calificar a Venezuela como el peor país en términos de derechos humanos de entre 33 países es una afirmación “irresponsable” y carece de seriedad, insinuando que la fuente podría estar sesgada por motivaciones políticas.
“No reviste ningún tipo de seriedad, pareciera que quien lo dijo no es un miembro de un comité de este calibre, de una organización como las Naciones Unidas, sino el vocero de un partido de los que ha buscado derrocar al gobierno legítimamente constituido y que ha promovido inclusive intentos de magnicidio, golpes de Estado e inclusiones marítimas para matar al alto mando militar de nuestro país”, aseveró.
Asimismo, afirmó que las fuentes que maneja el Comité de Derechos Humanos son extraoficiales que tienen un “ensañamiento” contra el Estado venezolano y del cual termina el Ministerio Público salpicado “producto de la instrumentalización de la propaganda negativa contra Venezuela en todas las materias”.
La 4040ª sesión del 139º período de sesiones del Comité de Derechos Humanos (CCPR) puede verse haciendo clic aquí.
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