El profesor Sadio Garavini, exembajador de Venezuela en Guyana durante el período 1980-1984, afirmó que Guyana no está dispuesta a negociar con Venezuela sobre el Esequibo hasta que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tome una decisión al respecto, la cual cree que podría tardar entre dos y tres años en materializarse.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Garavini explicó que, una vez que la CIJ emita su dictamen, se abrirá una fase de negociación entre ambos países para delimitar las áreas marinas y submarinas del territorio en disputa, que abarca aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados y que actualmente está bajo el control y explotación de Guyana.
¿Cómo llegó el caso ante la CIJ?
Para comprender cómo llegó el caso a la CIJ, el exembajador recordó un incidente ocurrido en 2013, cuando un barco de exploración petrolera de una compañía estadounidense fue detenido por la marina venezolana y llevado a Margarita.
El suceso llevó a Guyana a poner fin a las conversaciones bilaterales que habían estado llevando a cabo durante 50 años sin llegar a ningún acuerdo, optando por solicitar la intervención del secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para llevar el conflicto ante la CIJ.
El profesor resaltó que el Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966 entre Venezuela y Guyana, establece diversos mecanismos para alcanzar una solución aceptable para ambas partes.
Igualmente, indicó que si las partes no llegan a un acuerdo sobre el medio de solución pacífica de la controversia, el secretario general de las Naciones Unidas tiene el derecho de determinar dicho mecanismo que incluye negociación, mediación, conciliación, arbitraje y recurso judicial; es decir, la CIJ, tal como lo solicitó Guyana.
No hay opción más que defenderse ante la CIJ
A juicio de Garavani, Venezuela cometió un grave error al insistir en continuar con las negociaciones bilaterales, lo que llevó al entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a dar un plazo de un año para resolver la disputa.
En 2017, el nuevo secretario general, António Guterres, ratificó la decisión de su predecesor, lo que finalmente condujo el caso a la CIJ. Desde entonces, Venezuela manifiesta que no acepta la jurisdicción de la corte, aunque presentó su alegato verbal en La Haya y nombró a un juez.
“Los derechos de Venezuela son derechos históricos, jurídicos y verdaderos, pero en la situación que vivimos en este momento, según el derecho internacional público, tenemos que irla a defender dentro de la Corte Internacional de Justicia. El Gobierno decidió, en cambio, no hacerlo y entonces estamos en una situación muy particular”, expresó Garavini.
Por otro lado, subrayó que la comunidad internacional, en general, no está a favor de ninguna de las partes involucradas, sino que busca una solución basada en el derecho internacional público.
Agregó que el Gobierno aprovechó el tema del Esequibo como una herramienta de política interna, lo cual se evidenció con el referendo programado después de la primaria de la oposición.
Sin embargo, señaló que las leyes y declaraciones unilaterales del gobierno venezolano solo tienen efecto dentro de Venezuela y no internacionalmente ni sobre Guyana, a menos que se recurra a decisiones de carácter de fuerza.
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