El Banco Central de Venezuela informó este martes a través de un boletín que hasta el mes de septiembre la inflación acumulada es de 844,1 por ciento, dato que se diferencia del publicado la semana pasada por la AN ubicado de 1.079,67 por ciento.
De acuerdo a la publicación que hace la institución en el mes de agosto la inflación se ubicó en 24,7 por ciento y en septiembre subió a 27,9 por ciento.
Los renglones más afectados por este incremento inflacionario son la salud y los gastos para el mantenimiento de las viviendas.
Aunque el reporte no lo destaca, extraoficialmente se conoce que ha sido exponencial el aumento constante de precios de medicamentos, justo cuando Venezuela enfrenta altos picos de contagios de la COVID-19.
En cuanto a costos de servicios en el hogar repuntan los precios de artículos de limpieza, adquisición de cocinas eléctricas en virtud de la severa crisis del suministro de gas doméstico así como los gastos en los rubros de víveres, hortalizas y frutas.
El gobierno atribuye gran parte de los problemas económicas del país al aparente bloqueo económico, comercial y financiero provocado por las sanciones que países como Estados Unidos han impuesto al sistema financiero del país y a altos funcionarios del Gobierno de Maduro.
Venezuela registra tres semanas consecutivas de fuertes protestas masivas por diferentes motivos entre los que destacan las fallas de los servicios públicos como luz, agua, gas doméstico y la carestía de la comida.
Actualmente, en promedio, un trabajador venezolano gana solo 400 mil bolívares mensuales de salario mínimo, lo que representa un poco menos de un dólar estadounidense.
Este jueves se espera que en la Asamblea Nacional Constituyente se apruebe el proyecto de la ley constitucional antibloqueo presentado la semana pasada por el mandatario.
Según Maduro el instrumento legal servirá para que su gestión ubique otras formas financieras para solventar el alto déficit presupuestario que arrastra el país desde hace años.
Sectores económicos críticos de la propuesta han señalado que con esta nueva ley, que califican también como inconstitucional, el gobierno tendría luz verde para privatizar algunas empresas estatales, entre ellas PDVSA.
