El fiscal general de la Republica, Tarek William Saab, respondió a las críticas al sistema de justicia del país revelando que, desde 2017, más de 500 funcionarios y personas asociadas al Estado han sido condenados por violaciones de derechos humanos.
Saab proporcionó estas cifras en una declaración a la prensa, destacando que se han imputado a 2.053 individuos y acusado a 2.304 en relación con estos casos, con 955 de ellos privados de libertad.
Esta declaración se produce después de que la Misión Independiente de Determinación de los Hechos alertara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre supuestos “ataques selectivos” por parte del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la oposición, incluyendo métodos de tortura.
El gobierno venezolano ha criticado el informe de esta Misión que presentó su cuarto informe sobre Venezuela, calificándolo de “panfletario” y acusando a sus miembros de ser “mercenarios”.
Mientras tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y en junio autorizó a su fiscal en jefe, Karim Khan, a continuar con las pesquisas debido a la insuficiencia de los procesos judiciales internos.
Saab ha defendido la actuación de la justicia local, a pesar de las críticas y conclusiones de la Misión de la ONU.
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