Siemens: Una historia de sobornos y corrupción

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Siemens Energy AG es un gigante energético mundial y una sociedad alemana con presencia en Venezuela desde hace 60 años.

En América Latina, Siemens se ha visto envuelto en varios escándalos, comenzando con un soborno en Argentina que data del año 1996.

Más tarde, en mayo de 2013, la empresa alemana también fue demanda por Pemex (Petróleo Mexicano) por una violación a la Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas o Ley RICO (por sus siglas en inglés). Los ilícitos se venían gestando desde el 2001.

Sobornos

Durante el año 2018 explotó el escándalo de sobornos por parte de Siemens luego de una investigación en Múnich, Alemania.

En los documentos, los cuales son de acceso público, se demuestra que la empresa incurrió en sobornos en Vietnam, Rusia, China, Argentina, México y Venezuela.

Tras la investigación de la justicia alemana y el Departamento del Tesoro de EEUU, la empresa fue sancionada con 1.366 millones de dólares, de los cuales, 820 millones de dólares fueran a las arcas de Estados Unidos, y otros 450 millones de dólares fueron a las alemanas.

En todos los casos los sobornos se venían ejecutando desde el 2001, a través de asesores comerciales y empresas fantasmas establecidas en Dubai.

En Venezuela la empresa habría pagado para ser favorecida en la contratación para construir el metro de Valencia y el de Maracaibo. Siemens obtuvo ganancias por 642 millones de dólares en la construcción de dichas obras.

De acuerdo con el portal El Político, Siemens pagó al gobierno venezolano 18,78 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2007.

Siemens con nueva licencia para operar en Venezuela

Según Eric Soto, gerente comercial de Siemens en Venezuela, la compañía recibió licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con Pdvsa y Corpoelec.

La licencia habría sido otorgada en junio de 2022, y permitiría a la empresa vender y reparar componentes en centrales eléctricas propiedad de la estatal petrolera venezolana.

No obstante, prohíbe que aumente la capacidad operativa de ambas empresas estatales del gobierno de Maduro.