SIP tratará demanda de El Nacional en su asamblea como un caso de «expoliación» contra los medios de comunicación

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Foto: El Nacional

La Sociedad Interamericana de Prensa tendrá como uno de los asuntos principales en su asamblea virtual que comienza este martes 20 y hasta el viernes 23 de abril la situación judicial del diario venezolano El Nacional tras orden del TSJ de pagarle un poco más de 13 millones de dólares al diputado Diosdado Cabello por daño moral.

La organización internacional de empresarios de medios de comunicación en el mundo calificó la decisión judicial de “grave atropello” y “expoliación” que atenta contra la libertad de prensa.

“No sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político y el gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida”, resaltó el presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que la sentencia de la Sala de Casación Civil del máximo tribunal está encaminada «hacia este tipo de abusos, a sentencias amañadas por intereses políticos”.

Agregó que “esta sentencia no se trata de la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación”.

Ambos directivos rememoraron un caso similar que se registró en Ecuador, cuando en julio de 2011 el periódico El Universo fue sentenciado a pagar 40 millones de dólares y a tres años de prisión a sus directivos y un columnista, tras una demanda por injurias presentada por el entonces presidente Rafael Correa.

Por otra parte, Canahuati recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.

Añadió que las leyes que penalizan “la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos” generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.