La coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Gloria Perdomo, expresó que debido a la situación de precariedad en la que se encuentran las familias en el país se vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias Perdomo indicó que en el último informe del OVV registraron casos de hambre, desnutrición, explotación, abandono y situaciones de privación significativa de los recursos más básicos y elementales para la subsistencia en niños, niñas y adolescentes en 15 estados de Venezuela.
Asimismo, manifestó que han documentado realidades que califican como vulneraciones de los derechos humanos de esta población, en especial el derecho humano a un nivel de vida adecuado, el derecho al buen trato y el derecho a la integridad personal.
«Son situaciones que lamentablemente hemos podido identificar, casos que han ocurrido, incluso muertes de niños y de niñas en razón de estas condiciones de deterioro de la calidad de vida», señaló.
La coordinadora del OVV afirmó que esta situación se evidencia en la prestación de los servicios más básicos y de los recursos necesarios desde el punto de vista institucional, para asegurar la protección que requiere dicha población.
«Especialmente cuando está siendo víctima de una situación de desamparo ante una enfermedad, de una condición o circunstancia que amenace su vida y le resta oportunidades de desarrollo», puntualizó.
Violencia estructural
Perdomo expresó que el estudio documenta especialmente casos de violencia familiar, violencia sexual basada en género y casos que pueden ser identificados como violencia estructural y violencia institucional.
Explicó que se habla de violencia estructural porque, según las conclusiones del estudio, existe una privación de los recursos o de las condiciones que garantizan la vida y la sobrevivencia, ante los cuales la población por sí misma no tiene mecanismos que le permite superar esa circunstancia.
«Esto es cuando no cuenta (la persona) con el apoyo institucional de quienes son los obligados a garantizar el servicio de salud, el acceso a la alimentación y el acceso a oportunidades de ingreso», refirió.
La defensora de derechos humanos expresó que esto es la consecuencia de que, a su juicio, el Estado venezolano haya dejado sin protección a las familias durante la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país desde 2015.
«Lo agudo que se vive por el empobrecimiento y situación de precariedad ha llevado a las familias a unas circunstancia desafiantes que han generado este tipo de hechos y situaciones tan lamentables que hemos venido comprobando en este informe», dijo.
