La pandemia de la COVID-19 es una crisis humana con graves consecuencias en la salud de la población mundial que ha generado un colapso económico y social a gran escala.
Este quiebre está afectando desproporcionadamente a sectores de la población entre los que se encuentran las comunidades indígenas. Esto deja en evidencia las desigualdades estructurales subyacentes en las sociedades, la discriminación generalizada y los sistemas inadecuados de salud y protección social, los cuales requieren de una atención urgente.
Ingrid Graterol, directora de Cáritas en la Diócesis de Machiques, al sur del Zulia, informó que la pandemia está agravando la precaria situación de la mayoría de los pueblos indígenas Wayuu, Yukpa y Bari.
Graterol manifestó su profunda preocupación por el impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá.
“La mujer indígena es tres veces más vulnerable, primero por mujer, por ser indígena y por ser pobre. En la emergencia que vivimos en nuestro país ya la estaban pasando bastante mal con el acceso a los alimentos cuando vivimos aquel momento de desabastecimiento; luego aparecieron los productos, pero con una hiperinflación que no le permitía el acceso a ellos. Siempre se ha visto vulnerado ese derecho que se vino a agravar con la llegada de la COVID-19. Antes de la pandemia y la cuarentena por lo menos podían salir a buscar aunque sea una de las tres comidas que se necesitan”, apuntó.
Graterol señaló que con la pandemia también se ha visto disminuido el comercio informal, agregando a esto la crisis de combustible y de transporte.
“Entonces la alimentación de estas mujeres está basada en carbohidratos, sin nada de proteína. Hemos visto una fuerte desnutrición en ella, sobre todo en las más vulnerables como las gestantes y las lactantes», agregó.
”Puedo asegurarte que antes de la COVID-19, el comercio informal resolvía un poco la situación y éstos podían movilizarse para medio resolver pero ahora no por la falta de combustible y transporte en las comunidades indígenas”, dijo.
Registro de Cáritas en la zona
La activista aseguró que de 50 mujeres indígenas embarazadas y lactantes que evalúan en promedio, aproximadamente el 80% puede salir con desnutrición.
Esta realidad la han evidenciado en comunidades wayuu en San Ignacio, en La Villa del Rosario, en el sector Las Piedras de la parroquia Bartolomé de Las Casas del municipio Machiques y en otras zonas indígenas de la Sierra de Perijá.
“Nuestro trabajo, una vez identificadas con algún grado de desnutrición, es ayudar con alimentos, vitaminas, nutrialimentos y apoyo para que puedan adquirir las proteínas.. Así salvamos dos vidas, la de la mamá y la del bebé”, explicó.
Medidas urgentes para atender la alimentación
Desde la representación de la ONG local indicaron que son necesarias medidas urgentes para atender a las mujeres, sobretodo en las zonas vulnerables.
En la Sierra de Perijá funciona Cáritas El Tukuko que ha iniciado el trabajo de asistencia y acompañamiento nutricional a las mujeres indígenas.
«La mujer indígena necesita de ayudas más específicas y de acciones humanitarias, porque es multi problemático lo que a ellas les acontece. Entonces los planes de ayuda tienen que ser multidisciplinarios. La ayuda debe salir, bien sea de las organizaciones independientes, del gobierno nacional de turno y de la misma comunidad», enfatizó Graterol.
La directora de Cáritas comentó que para salvar la vida de las mujeres, lo primero es salvar la nutrición, porque no es sólo comer; lo fundamental es que estén nutridas para poder luchar y enfrentar la vida.
Por eso es tan importante el abordaje a esta población tan vulnerable. Allí les ofrecen apoyo para que puedan tener las proteínas y los nutrientes necesarios que restablezcan su salud, las vitaminas que protejan al bebé y a ellas sí son lactantes o gestantes; además de la promoción y educación, ayudándoles a entender cómo salir fortalecidas para seguir enfrentando lo que nos toca como mujeres.
En defensa del derecho constitucional a la alimentación
La llegada de la COVID-19 no ha dejado ningún ámbito de nuestras vidas sin que salga afectado. La alimentación y nutrición de individuos y de la población se han visto forzosamente afectados; ha cambiado la distribución, disponibilidad y acceso a los alimentos y, posiblemente, inclusive su forma de producción.
Katty Martínez, directora de la oficina de Derechos Humanos de los pueblos indígenas Abel Pete, que funciona en la comunidad yukpa El Tukuko, destacó que la COVID-19 ha generado graves efectos en el buen vivir de los pueblos indígenas, así como en su salud.
La defensora aseguró que el tiempo de crisis que atraviesa el país y la llegada de la pandemia de la COVID-19 son algunos factores que han afectado la alimentación y nutrición de las mujeres indígenas.
“La producción y las cosechas de plátanos, yuca y maíz de las comunidades indígenas ha sido un aporte para los municipios de la subregión Perijá. En este caso, dicha producción ha sido necesaria para complementar e intercambiar alimentos entre las zonas indígenas y las no indígenas”, acotó.
Martínez señaló que mucho antes de la pandemia por la crisis social y económica que atraviesa el país, los indígenas han necesitado trasladarse desde sus comunidades a las ciudades para poder intercambiar sus cosechas de plátano, yuca y otros rubros por carne, huevos y leche y así poder llevar a su familia un poco de proteína e intentar comer algunos alimentos que se requieren para una nutrición balanceada.
Ahora sin intermediarios
Con la llegada de la COVID-19, el indígena ha tratado de buscar mecanismos para poder sobrevivir al confinamiento. Esto ha hecho que el yukpa lleve directamente sus productos hasta los municipios Rosario y Machiques de Perijá, sin ningún tipo de intermediario que pueda aprovecharse de adquirir «a precios de gallina flaca» sus cosechas.
Esta situación pone en riesgo a los indígenas a que puedan contagiarse con el virus. En estos sectores han sido mínimos los planes de formación en prevención y orientación sobre cómo protegerse correctamente al momento de bajar a vender sus cosechas y no contagiarse y que se propague el virus en sus comunidades.
La mujer yukpa informó que ante la aparición de la pandemia se creó en la comunidad de El Tukuko un centro de intercambio que sirve como espacio de trueque, pero en la zona se ha malinterpretado. Por ejemplo, el indígena ha llegado a cambiar un saco de plátanos por dos pares de medias y ese no es el sentido de la creación del centro.
También mencionó que en las zonas indígenas hay casos de desnutrición en las mujeres embarazadas, lactantes y niños y que el Estado no ha canalizado de manera correcta los planes de atención.
“Urge un mecanismo real de atención donde los afectados tengan acceso a una buena alimentación balanceada y adecuada para su proceso de nutrición y crecimiento. No solo el comer plátanos y yuca es suficiente para una alimentación saludable”, señaló.
La bolsa CLAP no alimenta
Katty Martínez pidió al Estado garantizar el derecho a la alimentación que está establecido dentro del marco legal para los pueblos y comunidades indígenas.
A su juicio, «la bolsa de comida del programa de alimentación CLAP no contiene productos balanceados, solo traen carbohidratos y carecen totalmente de proteínas como carne, pollo, leche y huevos”.
Destacó que para paliar la situación de desnutrición en la Sierra de Perijá, la iglesia católica estableció una sede de Cáritas indígena con un programa de nutrición para mujeres embarazadas, lactantes y niños, pero sigue siendo limitado.
Detalló que el programa nutricional solo atiende a un número específico y deben cumplir con unos requisitos para estar dentro del vivero nutricional.
Sin embargo, Martínez manifestó que ese no debe ser el único apoyo, pues el Estado debe garantizar a los pueblos indígenas las iniciativas propias de evaluar estos mecanismos para que puedan producir.
Dicha atención servirá para contrarrestar la mortalidad por desnutrición, las enfermedades que se presentan a consecuencia de una mala alimentación en las comunidades indígenas, y que todos esos planes se canalicen conjuntamente con los líderes originarios para la atención de su pueblo y de las mujeres que están en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Iniciativas para alimentarse mejor pero insuficientes
Preocupados por la inseguridad alimentaria de la población originaria en tiempos de pandemia por COVID-19, lideresas indígenas exigen al Estado garantizar el derecho constitucional a la alimentación inocua y saludable para asegurar entornos alimentarios seguros y saludables, que resistan las condiciones de crisis social, económica y sanitaria.
María Teresa Peñaranda Yapez, de la comunidad yukpa Toromo, comentó que la COVID-19 ha afectado mucho a los pueblos indígenas quienes corren más riesgos de vivir en la pobreza extrema.
Ante esta realidad, la lideresa indígena destacó que a las mujeres yukpas les ha tocado trabajar aún más en sus campos, conucos y tierras para sobrevivir con sus cosechas.
«Las mujeres yukpas somos luchadoras y trabajadoras, pero a pesar de estar produciendo en nuestros campos tenemos que decir que no solo de plátano, yuca y maíz podemos vivir. Sabemos que no podemos dejar de producir. Si lo hacemos, dejamos de alimentarnos con lo poco que tenemos y por tal tendremos consecuencias en nuestra salud», expresó.
Del mismo modo, Peñaranda dijo que en estos momentos en la Sierra de Perijá todas las mujeres, adolescentes e incluso niños, niñas vienen sembrando.
”Esto es una ventaja para el pueblo indígena, porque podemos exportar nuestras cosechas que nos generan ingresos para poder comprar víveres y de vez en cuando algunas proteínas. Pero con la llegada del Coronavirus, la situación es crítica, porque cuando bajamos al pueblo a comprar comida, los mercados están cerrados. Lo más preocupante es el alto costo que tiene diariamente la comida”, manifestó.
Por otro lado, indicó que a pesar de hacer el esfuerzo por trabajar en sus conucos, la pandemia y la desatención del Estado hacia el pueblo yukpa de alguna u otra forma ha afectado a las mujeres indígenas.
La falta de acceso al agua potable, servicios de saneamiento, a una nutrición adecuada y a servicios públicos son una realidad para muchos pueblos indígenas. Por lo tanto, una medida que puede parecer simple, como lavarse las manos con jabón, es difícil de llevar a cabo para muchas mujeres indígenas.
Mujeres han tenido que migrar para comer
“También nos vemos afectados por la migración. Hay hermanas yukpas que han tenido que irse a Colombia en busca de otros ingresos para la alimentación básica de sus niños. Simplemente buscan dinero para un plato de comida para sus familias”, puntualizó la lideresa.
Igualmente aseguró que esta situación ha hecho más difícil que puedan acceder a las proteínas como carne, pollo, huevos y leche. Por consiguiente, las familias indígenas no tienen posibilidad de comprar productos de calidad.
«Si nos visitan en nuestros hogares podrán darse cuenta que solo estamos comiendo manteca, topocho, maíz y plátanos. Alimentarnos solo de eso deja consecuencias en nuestra salud”, reflexionó.
Señaló que en consecuencia, en las comunidades indígenas existen casos de mujeres embarazadas, ancianas y niños con desnutrición.
“Esto nos pone en un alto riesgo, porque si no hay una buena alimentación nuestros bebés pueden presentar dificultad en su salud. Las mujeres, ancianas incluso niños se nos están muriendo por falta de una alimentación adecuada”, aseguró Peñaranda.
La mujer agregó que son necesarias medidas para atender a las menos favorecidas.
Aseguró que en las organizaciones locales se ha abordado el tema, «a nivel de la Sierra de Perijá hemos escuchado y visto que Cáritas viene atendiendo la desnutrición y lo agradecemos, pero el programa no ha abarcado toda las comunidades indígenas por su gran extensión y por la gran necesidad que existe en los sectores originarios”.
Piden apoyo para las ONG en la Sierra
Comentó que la experiencia de Cáritas en algunas cuencas y zonas de la Sierra de Perijá ha sido positiva, «y por tal motivo sugerimos al Estado a aliarse con estas organizaciones para poder ayudar y atender a todas las mujeres. Hemos venido organizándonos para poder sumarnos y pedir directamente ayuda a esas organizaciones y no sean señaladas las ONG de entrometerse en las zonas indígenas”.
Resaltó que en cualquier hogar la prioridad y lo fundamental es la comida, ya que es elemento que garantiza la vida. Sin embargo, a la pandemia se han sumado otros problemas como la falta de transporte, la electricidad y combustible.
“En estos tiempos de pandemia hemos perdido nuestras cosechas, alimentos tan necesarios en medio de la crisis alimentaria que atraviesa el país, la falta de transporte, vialidad, combustible y de apoyo para sacar la producción han influido en la pérdida de numerosos productos agrícolas”.
Peñaranda dijo que la población de Machiques necesita de la cosecha de la Sierra de Perijá, «y nosotros necesitamos de esa comercialización para poder comprar carne y otros productos tan necesarios en la alimentación. Pero la falta de transporte, electricidad, combustible y pare de contar, arriesgan el acceso a los alimentos».
Para concluir, la líder indígena informó que los caciques, autoridades propias de las zonas indígenas, han planteado al Gobierno Nacional el intercambio y comercialización de los rubros como plátano, topocho, maíz, entre otros, “con el fin de exportalos y así ayudar al pueblo y nosotros obtener algunos alimentos como víveres y proteínas como leche, carne, pollo, alimentos tan importantes para la nutrición de todo ser humano”.
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Esta es la segunda entrega, a cargo de Johandry Montiel y Alexander Medina, del seriado Mujer, Derecho y Dignidad, una producción periodística de Radio Fe y Alegría Venezuela para mostrar la realidad que vive la mujer en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, la Pandemia y la participación que tienen en los espacios de trabajo y de poder.
Participaron en esta producción periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección general de Luis Sánchez.
