El gobierno de Honduras amplió por 45 días la suspensión de garantías constitucionales en el país para enfrentar la situación de violencia generada por las pandillas criminales.
El director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, dio a conocer la ampliación del Estado de Excepción que establece llevar de 75 a 123 los municipios que están intervenidos por las fuerzas de seguridad.
«La suspensión de garantías se extendió a municipios donde según nuestros análisis han migrado los grupos criminales evadiendo el accionar de la policía y el Estado», dijo el jefe de la policía nacional, Gustavo Sánchez, a través del informativo Contacto Sur que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.
El decreto publicado en el diario La Gaceta indicó que la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República de Honduras, inició este 20 de febrero y finaliza el 6 de abril de 2023.
Más de 500 detenidos
Sánchez señaló que han realizado hasta la fecha más de 500 capturas relacionadas al delito de extorsión.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, mediante el cual declaró esta emergencia nacional en materia de seguridad.
Para analistas en temas de seguridad pública este plan es una medida reactiva y apresurada, porque además de limitar libertades está estigmatizando la pobreza.
El primer decreto se dio el 6 de diciembre de 2022 y finalizó el 20 de febrero de 2023, ahora con una ampliación de 45 días más.
La suspensión de garantías implica restricciones a la libre circulación, asociación y reunión, allanamientos de morada sin orden judicial y detenciones sin orden de captura. Fue adoptada tras la presión de transportistas, empresarios y organizaciones civiles que aseguran que la extorsión se ha incrementado.
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