El gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos mediante el cual declaró una emergencia nacional de seguridad.
La presidenta Castro decretó además estado de excepción en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, una medida que violenta el principio de no discriminación, según explicó para el informativo Contacto Sur, Carlos Sierra, defensor de derechos humanos.
“Esta suspensión de garantías no debería darse a territorios históricamente excluidos o para poblaciones que están el marco de la pobreza (…) Se corre el riesgo de criminalizar la pobreza. Es necesario proteger a la población de la delincuencia y criminalidad. Suspendiendo las garantías dudo que se de esta protección”, dijo.
El estado de excepción, que se ejecutará a través de la Policía Nacional de Honduras, entra en vigencia este 6 de diciembre a las 6:00 de la tarde y finalizará el 6 de enero a las 6:00 de la tarde.
La presidenta de Honduras subrayó que la nueva disposición gubernamental está orientada a que vuelva a la normalidad la actividad de muchos negocios y la inversión que se han visto muy afectadas.
Con información de Contacto Sur
