“La recuperación económica de Venezuela no puede darle la espalda a Guayana”, así lo advirtió el movimiento sindical Unidad en La Coincidencia ante medios de comunicación este viernes, tras exigir que el proceso de transición nacional incluya un plan de inversión para la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
El trabajador de Ferrominera Orinoco, César Marcano, cuestionó que tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, las autoridades interinas hayan avanzado en materia petrolera e incluso ya se cuente con envíos de crudo al exterior, mientras que no parece haber un plan claro para inversiones dentro de la CVG a pesar de su papel histórico como segunda potencia económica nacional.
“Estamos viendo que hay un plan de inversión para el sector petrolero en toda esta fase de recuperación económica y nos preguntamos: ¿acaso el sector Guayana no debe ser considerado o tomado en cuenta? ¿Qué pasó con el emporio industrial de Venezuela? ¿Qué pasó con la riqueza no petrolera? Exigimos que vuelvan la cara hacia esta zona de Venezuela para que se haga un plan de inversión serio en todas esas empresas de Guayana. Que se tome en cuenta el salario de los trabajadores que es un salario paupérrimo”, puntualizó Marcano.
En este sentido, los trabajadores ratificaron que el salario mínimo debe ser recuperado, toda vez que desde el año 2022 permanece estacando en 130 bolívares, mientras que este indicador se ha ido pulverizando entre bonificaciones sin incidencia en la seguridad social.
El representante de la Briquetera de Venezuela (Briqven), Isnaldo Rodríguez, enfatizó en la baja productividad de las compañías, así como la necesidad de incorporar a la zona en las negociaciones que adelanta el gabinete encabezado por Delcy Rodríguez con los Estados Unidos.
“En esa fase de estabilización que tendrá la nueva Venezuela, exhortamos a las autoridades que están en Venezuela que todos los ingresos que se consideren para el sector petrolero, se consideren también para Guayana”, manifestó.
Hasta la fecha, el gobierno encargado no ha impulsado ninguna orden para la CVG ni propuesta de recuperación económica. En contraste Petróleos de Venezuela anunció el intercambio de volúmenes de crudo con el gobierno norteamericano, llegando a acuerdo económico de 500 millones de dólares por 50 millones de barriles de petróleo.
Por su parte, el trabajador siderúrgico César Soto, manifestó que es necesario poner fechas y tiempos a la transición nacional, creando una agenda que les permita saber dónde están parados.
Estas declaraciones ratifican a las emitidas por el exgobernador de Bolívar y líder de La Causa R, Andrés Velásquez, quien exhortó al gobierno de Donald Trump, quien mantiene presiones sobre Venezuela tras los hechos del 03 de enero, a poner fechas claras y no prologar el proceso de transición política en el país.
“Queremos una ruta. Un cronograma. ¿Dónde empezó? Sabemos que fue el 03 de enero. ¿Dónde va a finalizar? Es lo que nos interesa saber para saber a qué atenernos”, zanjó Soto.
Exigen la liberación de trabajadores detenidos
Asimismo, la vocería ratificó que los trabajadores que permanecen detenidos por su actividad sindical, la cual según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene siendo violentada desde 2018, deben ser puestos en libertad.
Entre los privados de libertad destacan el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, Fidel Brito; la activista y luchadora social Omaira Salazar; y el esposo de la presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Bolívar, Ángel Rivas.
Según el conteo de Radio Fe y Alegría Noticias, más de una decena de bolivarenses continúan privados de libertad. Estas declaraciones se dieron horas antes de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciara una Ley de Amnistía General.
“Queremos manifestar nuestra preocupación por cómo se está dando este proceso de excarcelación de presos políticos. En primer lugar, consideramos que se está dando de manera lenta y en segundo lugar, la mayoría de las personas que han salido, salen bajo régimen de presentación y con medidas cautelares. Exigimos la libertad plena de todos esos compañeros porque luchar por los derechos y reclamar nuestras libertades no debe considerarse un delito en este país”, expresó el ferrominero.
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