Los trabajadores de la salud del estado Anzoátegui nuevamente expresaron su descontento ante el reciente aumento salarial.
A pesar de no haber sido oficializado en Gaceta como es de costumbre, entró en vigencia el primero de noviembre.
De acuerdo con reportes a través de redes sociales de los trabajadores de las distintas áreas de la administración pública, el salario básico alcanzó el millón doscientos mil bolívares, sumado esto a otro millón doscientos mil bolívares por concepto de bono de alimentación.
La respuesta a esto por parte de los trabajadores orientales del sector salud no se hizo esperar. El coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud lo calificó como una burla y denunció una serie de irregularidades con respecto a los pagos de nómina.
«El sueldo de los obreros y camilleros va desde 600 mil a 800 mil bolívares. El del personal de enfermería va entre 1 millón 600 mil y 2 millones, mientras que médicos residentes y especialistas ganan entre 2 millones 500 mil y 3 millones de Bolívares. Estos montos fueron los cancelados después del nuevo aumento», explicó Hernadez.
De igual manera enfatizó que además de sentirse «robados» por la directiva de la Corporación de Salud de Anzoátegui, hay trabajadores que aún están esperando sus cargo fijo a pesar de los años de servicio como contratados suplentes, entre ellos, obreros, enfermeros, camilleros y médicos. Lo que desde su juicio es como jugar con la necesidad de los trabajadores.
«José Planes, quien es delegado y camillero del anexo pediátrico, ya tiene un año y cuatro meses sin cobrar sin ningún motivo y así tenemos otros compañeros. Esto está pasando en todos los centros de salud del estado», lamentó el vocero.
Éxodo profesional
La marcada deserción del personal en los centros de salud de este estado ha sido alertada tanto por médicos como por personal de enfermería pues ha disminuido grandemente la capacidad de atención en estos centros.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales como Vigilancia Integral del Derecho a la Salud (VIDAS) solo queda un 34% del personal de enfermería requerido en la red de salud pública.
Esto obedece a una inflamación que pulveriza el salario, sumado al desabastecimiento de insumos y medicamentos, precarias condiciones laborales, colapso de los servicios públicos y la falta de equipamiento para la prevención del contagio de la COVID-19, por lo que se hace casi imposible la labor de salvar vidas.
