La organización dedicada a hacerle seguimiento a casos de corrupción en el país Transparencia Venezuela le exigió a la Comisión Presidencial para la COVID-19 que le explique al país de donde provienen los 64 millones de dólares que se cancelaron este fin de semana para la adquisición de vacunas mediante el mecanismo COVAX.
Destacan que ni la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, el sábado 10 de abril, y el propio Presidente Nicolás Maduro, el domingo 11, no especificaron el origen de estos fondos y solo se limitaron «a decir que se trataban de unos recursos liberados que estaban secuestrados por Estados Unidos”.
Igualmente señalan en el petitorio que los dos altos funcionarios del gobierno venezolano también omitieron el origen de los otros casi 60 millones de dólares que deben cancelarse posteriormente para honrar el compromiso con el Covax. La cantidad de dinero ya estaría garantizada, de acuerdo con Rodríguez. u
Transparencia Venezuela remitió formalmente esta nueva comunicación a Delcy Rodríguez, quien está al frente de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, por considerar de vital importancia que se acabe con la opacidad en todo lo referente a la adquisición de las vacunas y la inmunización de los venezolanos para protegerlos del virus.
No solo se requirió información sobre el origen de los recursos para acceder al mecanismo Covax, sino también sobre los funcionarios públicos venezolanos que participaron en los acuerdos, el plan de distribución y acceso a la vacunación, así como los controles, mecanismos y entes responsables de llevar un récord de las vacunas aplicadas. Además, se solicitaron detalles sobre las previsiones que se están considerando para seguir adquiriendo las vacunas requeridas para lograr la inmunización de rebaño en Venezuela.
Esta solicitud de información está sustentada en los artículos 28, 51 y 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a información pública, de dirigir peticiones a las autoridades para conocer asuntos de interés público y de ejercer control de la gestión pública.
