Katherine Martínez, de la ONG Prepara Familia, habló este martes 23 de febrero sobre las medidas cautelares que hace 3 años dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia los niños pacientes del servicio de Nefrología del hospital José Manuel de Los Ríos, de Caracas.
A través de Radio Fe y Alegría Noticias Martínez admitió que el balance es negativo en cuanto al cumplimiento de estas medidas de protección por parte del Estado venezolano «ya que no ha resuelto todas las situaciones que nosotros planteamos cuando se introdujo la solicitud de medidas cautelares».
Lamentablemente precisó que desde el 21 de febrero de 2018, cuando se dictaron las medidas, hasta esta fecha «ya llevamos 23 niños fallecidos».
Al referirse a este tema la activista describió que siguen presentes algunas vulneraciones «como el derecho a la alimentación, sin alimentación de calidad, en cantidad y diversidad esos niños con síndromes nefróticos se lo ven muy mal».
Puso como ejemplo que estos niños «no pueden tomar sopa, y sin embargo en el hospital les están dando sopa de granos con arroz, cuando es un éxito, y eso se repite en almuerzo y cena».
Advirtió que debido a la patología que sufren estos pequeños necesitan una dieta especializada estricta y delicada.
También reseñó que la unidad de hemodiálisis, la única que se tiene en el país, «y que atiende a niños que pesan menos de 10 kilos», apenas tiene en funcionamiento 6 de las 10 máquinas disponibles.
Martínez alerta que esta situación es grave «porque es un servicio que atiende a niños que pesan menos de 10 kilos, y no solo a los del JM sino también a aquellos que vienen de otros estados del país».
Para ella este caso específico es el reflejo de una falla grave en el mantenimiento correctivo de los equipos.
Entre los siguientes pasos legales que van a emprender están el de acudir nuevamente a la CIDH, presentar informes a las Relatorías de Salud y de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU, y acciones de calle en el país.
También van a desarrollar actividades como foros virtuales a través de las redes sociales sobre esta situación.
En su enumeración de problemas la directora de Prepara Familia mencionó la todavía suspensión del programa de trasplantes de órganos desde hace casi 4 años «que perjudica aún más a los niños que están sufriendo tanto porque hay que ver que tienen que estar dializándose tres veces a la semana y estar amarrados a la máquina que es la que hace el trabajo del riñón».
Las mujeres con la mayor carga
Una de las consecuencias negativas que se desprende de esta omisión del Estado es el aumento de la responsabilidad de las mamás y mujeres de la familia del niño.
Martínez acotó que «la mayor carga la llevan las mujeres cuidadoras, prácticamente es la única persona de la familia que está ahí con el niño, es la que da la cara, la que lo lleva, lo trae, es la que se queda cuando hay que quedarse en el hospital».
Sin temor a equivocarse dijo que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que los mismos niños «ya que ellas no reciben ningún suministro de alimentación desde el 5 de abril de 2018 cuando fueron criminalizadas por las protestas».
Siempre hay buenas noticias
No obstante de esta situación, destacó que muchas de ellas se han convertido en activistas defensoras de los derechos de los niños, «muchas de ellas trabajan con nosotros, con nuestros equipos, como voceras, y acompañan a las otras mujeres que van llegando como nuevas y les dan soporte».
En otro tema confirmó que ya se había iniciado el proceso de vacunación anti COVID a los médicos residentes, de infectología y de otras áreas del hospital. Y en una especie de inciso llamó a «darle un aplauso a esos muchachos médicos residentes en todo el país».
Pero en el caso de este hospital de niños manifestó que «todavía falta por vacuna enfermeras, paramédicos, camilleros, las mismas mujeres que acompañan a los niños y que tienen contacto con ellos».
¿Qué son y para qué sirven las medidas cautelares de la CIDH?
Las medidas cautelares que dicta la Comisión se hacen con el objetivo de proteger a las personas de daños irreparables frente a situaciones de gravedad y urgencia.
En este caso específico, la CIDH conminó al Estado venezolano en 2018, a solicitud de varias ONG, y mediante este procedimiento legal, a procurar los medios y recursos para proteger la salud de los niños pacientes del servicio de Nefrología del JM de Los Ríos.
Una exigencia de la Comisión que está principalmente vinculada con los derechos a la vida. Pero el Estado ha hecho caso omiso a la demanda y de continuar con esta negativa el caso pudiera llegar a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se emprendería un juicio penal en su contra.
