Este miércoles 28 de enero tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos emitieron un fallo en el cual declaran que la medida que cancelaba el TPS a migrantes venezolanos y haitianos es totalmente ilegal.
Los magistrados Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstones arguyen que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al cancelar las protecciones legales que permitían a miles de migrantes vivir y trabajar en Estados Unidos, confirmando así una decisión previa de un tribunal inferior, ratificando que dicha suspensión contradice el marco legal del país y autorizado por el Congreso.
En concreto, señalaron que “las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”.
El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito advirtió que “las acciones ilegales de Noem han tenido consecuencias reales y significativas”, al explicar que cientos de miles de personas quedaron expuestas a deportaciones, detenciones, separación familiar y al retorno forzado a países donde enfrentaron violencia u otros daños graves.
Se espera que el gobierno de EEUU reaccione a esta decisión judicial en las próximas horas.
Vale recordar que dentro de su política llamada anti migratoria de Donald Trump en su segundo y actual mandato una de las medidas más impactantes fue la de cancelar el Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, a cientos de miles de migrantes de América Latina, mayoritariamente, por considerar que eran criminales.
El TPS es un programa humanitario de Estados Unidos que permitía a ciudadanos de ciertos países, afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis, permanecer y trabajar legalmente en EE. UU. temporalmente, protegiéndolos de la deportación mientras sea seguro regresar a sus naciones de origen.
Con la suspensión, más de 600 mil migrantes venezolanos y un poco menos de migrantes haitianos, además de otras nacionalidades, entraron en una especie de limbo jurídico y con un enorme riesgo de deportaciones masivas o arrestos por parte del ICE y otros cuerpos de seguridad estadounidenses.
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