El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la suspensión del juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe mientras evalúa una tutela por “imparcialidad en el juicio”.
Álvaro Uribe es acusado por delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. A propósito de estos señalamientos, se declaró inocente en su presentación preliminar.
De acuerdo con la parte acusadora, Uribe sobornó a testigos para que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares. Todo este soborno lo habría realizado durante los últimos años sobre testigos ya encarcelados.
Los sobornos tendrían como objetivo que los insurgentes procesados y encarcelados negaran cualquier de vinculación de Uribe con los paramilitares y se habrían realizado a través de su abogado defensor.
Álvaro Uribe asegura que las acusaciones son parte de una persecución política
Sobre estas acusaciones, Uribe aseguró que se trata de una persecución política.
En el año 2020, Álvaro Uribe renunció a su escaño en el Senado lo que posibilitó que su caso pasara a la justicia ordinaria. Por su parte, la Fiscalía intentó archivar su proceso en dos ocasiones, pero los tribunales lo impidieron.
Entre el 2012 y 2020, Álvaro Uribe ejerció como senador de la República y su renuncia en el 2020 fue como consecuencia de las acusaciones de crímenes de Estado. Según estos señalamientos, es responsable de más de 6.000 falsos positivos en Colombia.
Defensa de Uribe apunta contra Sandra Heredia
La defensa de Álvaro Uribe atacó directamente a la jueza Sandra Heredia, quien atiende el caso y quien se le adjudicó una supuesta falta de imparcialidad.
El Tribunal tendrá 10 días para emitir un fallo acerca de la tutela la cual, en caso de proceder, tramitará la recusación e incluso permitirá un cambio de juez. En caso de que la acusación contra la jueza sea desestimada, el proceso penal seguirá su camino normal.
Mientras el Tribunal Superior evalúa los argumentos, el proceso judicial contra Uribe no puede continuar.
“Este magistrado considera que, al no haberse emitido una decisión de fondo frente a la recusación por parte de la jueza accionada, por el contrario, rechazarla de plano al calificar la postulación como una acción dilatoria, pretermitió que otro juez valorara la situación atribuida, según el trámite fijado en la Ley 906 de 2004 y eventualmente puede configurar una vulneración a las garantías fundamentales”, señala el documento emitido por la defensa.
Con información de Telesur.
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