La ONG Acceso a la Justicia publicó en su cuenta de Twitter que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible una acción de amparo constitucional contra la paralización de la administración de justicia durante la pandemia de covid-19 en el país.
La acción fue interpuesta por Gloria Pinho, Mariangel Ramírez de Sánchez y Nelson Barrios el pasado 23 de julio y el máximo tribunal se pronuncia casi un mes después.
El fallo implica que las instituciones judiciales del país se mantendrá en operaciones mínimas, por lo que diversos casos y procesos judiciales se mantendrán paralizados mientras que la cuarentena persista en Venezuela.
Gloria Pinho, quien interpuso la acción de amparo, es una jueza penal jubilada, suegra del preso político Luis Sánchez, un fiscal auxiliar que acumula tres años en El Helicoide después de ser acusado por Diosdado Cabello de haber participado en una red de extorsión a empresas relacionadas con la estatal Petróleos de Venezuela.
Sánchez formaba parte de una investigación liderada por la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, sobre las irregularidades en la Faja Petrolífera del Orinoco y empresas que presuntamente habrían estafado al Estado con contratos a sobreprecio o sin licitación, compañías cercanas a funcionarios chavistas.
Desde su encarcelamiento, hace más de tres años, su caso se engavetó por completo. La Juez 20 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Carol Padilla, ni siquiera lo ha convocado a una audiencia preliminar de su caso.
En este sentido, el caso de Sánchez seguirá estancado a pesar de los intentos de su compañera, Mariangel Ramírez, y su suegra, Gloria Pinho, por retomar los procesos judiciales durante la pandemia por la COVID-19.
