La ONG en materia penitenciaria Una Ventana a La Libertad presentó este jueves 25 de febrero un informe correspondiente al monitoreo que realizó durante 2020 en 273 Centros de Detención Preventiva en 19 estados del país.
Carlos Nieto Palma, su director, y la profesora Magaly Holguín, se encargaron de hacer la presentación y aclararon que este registro solo estuvo enfocado en «las nuevas cárceles venezolanas en las que se han convertido los centros policiales de detención regionales».
Los activistas recalcaron que estos calabozos fueron concebidos para retenciones preventivas «para no máximo de 48 horas, lapso prudencial que da la ley para que el detenido sea presentado en tribunales, esto no ha ocurrido así y esos espacios se convirtieron en cárceles permanentes».
Refirieron que esta situación se ha agravado porque el Ministerio del Servicio Penitenciario «no solo ha venido cerrando penales en todo el país sino que además ha mantenido la política de evadir su responsabilidad sobre estos detenidos y alega que la seguridad y la custodia le corresponde a las policías estadales, PNB, CICPC o GNB, dependiendo del caso».
Aseveran que esta práctica se ha mantenido desde los tiempos de Iris Varela como ministra.
De las 208 muertes de privados de libertad que se registraron en el 2020, 143 fueron a causa de enfermedades, 42 por supuestos enfrentamientos con comisiones policiales o militares en situaciones de recaptura, 15 por riñas, 5 por motines y 3 por otras causas.
Un dato impactante es que el 87% de los decesos por razones de salud corresponde a enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición. Luego aparecen otras patologías como la escabiosis, la gripe, la COVID-19, la diarrea y VIH.
El informe destaca que las condiciones de insalubridad, hacinamiento y falta de atención médica y alimentaria se agravaron a partir del segundo semestre de 2020, producto de la agudización de la pandemia del Coronavirus.
También refleja la total inacción por parte del Estado para ofrecer garantías y acciones de atención a estas personas «que están bajo su custodia».
De hecho, el número de CDP con problemas de hacinamiento aumentó de 207 a 221 para el final del año.
Para finales de año, de acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por Una Ventana a la Libertad en los 19 estados que tiene investigadores, se confirmó que en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%) detenidas, para un total de 24.218 detenidos, cuando el cupo total disponible en los CDP era de 7.457.
Otra realidad que complicó mucho más las condiciones de los privados de libertad en estos centros fue la suspensión de visitas por parte de familiares que solían llevarle alimentos, medicinas y ropa, además de la inhabilitación del funcionamiento de los tribunales para sus respectivas audiencias.
