Con ese lema el próximo 15 diciembre la organización de derechos humanos Colectivo Surgentes quiere posicionar el tema de las presuntas ejecuciones extrajudiciales para exigir que los cuerpos de seguridad del Estado no cometan más muertes violentas de jóvenes en los sectores populares.
La iniciativa, que se plasmará a través de Twitter, surge a raíz de una investigación de estudios de casos que esta ONG llevó a cabo en barriadas de la capital. Martha Lía Grajales, una de sus integrantes, relató a Radio Fe y Alegría Noticias que la investigación se trató de un estudio cualitativo en familias en la zona metropolitana de Caracas, cuyos resultados son alarmantes. La investigación abarcó 500 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Lía Grajales reveló que el promedio de edad de los jóvenes que son asesinados por cuerpos policiales, es de 21 años, y que la mayoría se desempeñaba en la economía informal. Muchos de ellos vinculados a delitos menores o que estaban en régimen de presentación ante los tribunales respectivos.
Entre los cuerpos de seguridad que estarían involucrados en más casos de ejecuciones extrajudiciales están el CICPC y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Igualmente Lía Grajales refiere que un gran porcentaje de estas muertes violentas son ejecutadas sin ningún tipo de protocolos de seguridad ni de órdenes judiciales.
Intacta “la gran estructura del crimen organizado”
Otra de las secuelas que dejan estas actuaciones policiales, según la actividad, “es que las familias terminan atemorizadas porque salen amenazadas para que no denuncien a los efectivos que cometen estos crímenes, y por esta razón sigue reinando la impunidad”.
Para ella, en Caracas “uno de los graves problemas es que se asesina a un ejército de jóvenes implicados en delitos menores, permaneciendo intacta la gran estructura del crimen organizado”.
Colectivo Surgentes invita a toda la sociedad civil para que este domingo 15, a partir de las 6 de la tarde, se unan al gran tuitazo: No más ejecuciones policiales en los barrios. Lía Grajales propone un debate a nivel nacional para que se rectifiquen y se eliminen estas prácticas violatorias del derecho a la vida.
