La ONG Un Mundo Sin Mordaza publicó su informe anual “Venezuela en Cifras 2022”, en el cual se abordan múltiples aspectos relacionados con los derechos humanos.
En el informe se destaca la importancia y necesidad de abordar los desafíos relacionados con los derechos humanos en Venezuela, porque termina repercutiendo en la vida de sus ciudadanos.
Las mayores preocupaciones: libertad de expresión y medio ambiente
Uno de los aspectos de mayor preocupación destacados en el informe es la violación del derecho a la libertad de expresión y a la información en Venezuela.
Un Mundo Sin Mordaza constató que sí hubo denuncias de casos de detenciones y asesinatos relacionados con los medios de comunicación, así como amenazas y agresiones dirigidas hacia canales de televisión, medios impresos y estaciones de radio; además, bloqueos de páginas web y redes sociales.
De acuerdo con la organización, estos datos resaltan la gravedad de la situación en la que se restringe el acceso a los medios de comunicación y se hostiga a periodistas y comunicadores.
En cuanto al medio ambiente, el informe revela el deterioro ambiental en Venezuela debido al abandono, la actividad extractivista y la falta de atención estatal.
“Se han destruido 5.134.000 hectáreas de áreas protegidas, se han registrado 86 derrames petroleros y se han identificado 1781 puntos de minería ilegal cerca de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní”, expone una nota de prensa de la organización.
Otras cinco vulneraciones a los derechos
En el ámbito educativo, el informe destaca las deficiencias en el sistema educativo venezolano, donde muchas escuelas carecen de recursos educativos y solo un número limitado de universidades públicas gozan de plena autonomía.
“Solo 10 de 71 universidades públicas gozan de plena autonomía y un 38 % de las escuelas carecen de recursos educativos”.
El derecho a la protesta pacífica también ha sido objeto de represión, con un registro de 114 manifestaciones reprimidas, 35 detenidos y 21 heridos.
En materia de seguridad, se han registrado altas tasas de muertes violentas, algunas presuntamente causadas por autoridades. Esto constituye una violación del derecho a la vida y a la integridad personal.
“Se registraron 9,367 muertes violentas en total, lo que resulta en una tasa de 35.3 por cada 100,000 habitantes. Si se incluyen los casos de desapariciones, la tasa aumenta a 40.4 por cada 100,000 habitantes. No hubo variación en la violencia comparado con el año anterior y la tendencia a la disminución de muertes violentas se detuvo en 2022”.
El informe también señala problemas relacionados con la representación diplomática y consular en el exterior, lo que ha afectado a migrantes y refugiados venezolanos en áreas como la participación política y la identificación.
Asimismo, en términos económicos, se evidencia una crisis que ha impactado negativamente en el acceso a bienes y servicios básicos, el empleo y la protección contra la discriminación.
El Estado no cumplió ni ha cumplido con su mandato
Un Mundo Sin Mordaza concluyó que el Estado venezolano “no cumplió con su responsabilidad de tomar medidas para fomentar el avance constante” de los derechos humanos, “lo cual va en contra del principio de no regresividad y de la obligación de mejorar progresivamente las condiciones”.
Entre sus preocupaciones expresadas señalaron que la falta de acción por parte del Estado “impide que la sociedad avance hacia una mayor protección y disfrute de los derechos fundamentales”.
Vale mencionar que este informe se basa en datos recopilados de 14 organizaciones especializadas en derechos humanos y artículos de prensa que abarcaron la situación general de Venezuela.
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