En un informe reciente, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) alertó un incremento alarmante en la criminalización de los derechos a la protesta y la huelga en Venezuela durante el mes de junio de este año.
La organización documentó un total de 61 actos de persecución y criminalización, destacando una serie de acciones que afectaron a trabajadores de la comunicación, individuos vinculados con la política y la población en general, en su mayoría trabajadores del sector público, sindicalistas, campesinos e indígenas.
“El mes de junio marcó una preocupante agudización de la criminalización a la protesta. Con la documentación de estos 61 actos de persecución y criminalización durante el sexto mes del año, el primer semestre de 2023 cierra con al menos 385 casos”, resalta el informe de Cepaz.
Esto significa que en Venezuela, cada 12 horas, una persona se convierte en víctima de “la violación de sus derechos humanos” a través de actos de persecución y criminalización, destacando la agudización de la crisis de derechos humanos en el país. Así lo manifestó la organización al considerar urgente la necesidad de proteger los derechos fundamentales en el país.
Amenazas y detenciones por protestar
De acuerdo a lo reseñado, las personas que participaron en estas manifestaciones en busca de sus derechos enfrentaron amenazas, intimidaciones, allanamientos a sus viviendas, detenciones arbitrarias y medidas cautelares innominadas. Esto limitó su capacidad de ejercer su derecho fundamental a la protesta.
“En el monitoreo y análisis de los 61 casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de junio, hemos identificado las siguientes acciones: 14 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, un allanamiento irregular, cuatro impedimentos de registrar un hecho noticioso, 18 detenciones arbitrarias, 22 medidas cautelares y una inhabilitación política”, señaló Cepaz en una nota de prensa sobre el informe.
También amenazan a periodistas
Uno de los focos de preocupación es la creciente criminalización del derecho a la manifestación, la protesta y la huelga en Venezuela, así como las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información.
En uno de los puntos de su informe hablan de las acciones contra los trabajadores de la comunicación y afirman que durante el mes de junio registraron diversas manifestaciones en el país. En ellas, los periodistas también enfrentaron amenazas y obstáculos para registrar los eventos y dar voz a las voces de protesta, según detalló Cepaz.
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