Este jueves 27 de febrero se cumple el plazo de seis meses de la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia, decretada en agosto de 2019, a través de la cual se llama a renovar las autoridades de las universidades públicas del país de manera “urgente”, debido a sus cargos vencidos.
Autoridades rectorales, profesores universitarios, estudiantes y activistas de derechos humanos han denunciado durante los últimos meses –y con más intensidad en las últimas semanas– que esta sentencia viola la autonomía de las universidades establecida en el artículo 109 de la Constitución y la Ley de Universidades vigente desde 1970, ya que se intenta imponerle a las casas de estudio superior un reglamento electoral, que debería decidirlo cada institución.
Además, han recordado que las universidades tienen autoridades con cargos vencidos porque cuando se intentó renovarlos, hace aproximadamente diez años, el TSJ lo impidió a través de decretos.
Ahora el TSJ pretende, por ejemplo, alterar el claustro universitario, conformado por profesores, egresados y estudiantes, para agregar a las elecciones el voto del personal obrero y administrativo, lo cual hasta ahora no estaba establecido. De esta manera se daría como ganadores a quienes obtengan tres votos de estos cinco sectores.
«Estamos para defender nuestra universidad»
La sentencia ha provocado el rechazo absoluto del movimiento estudiantil venezolano, quienes se han unido para convocar protestas y concentraciones en diversos estados del país.
Gabriel Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho de Venezuela, afirmó que “los jóvenes y defensores de derechos humanos de Carabobo nos mantenemos fuertes. Al igual que hace un año, hoy estamos una vez más acá haciendo nuestro llamado a la defensa de la universidad”.
Cabrera, quien recientemente se reunió con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se trasladó a Colombia luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro le prohibiera la entrada a Venezuela, agregó que irán a las calles “para decirle a Venezuela y a todo el mundo que una vez más estamos acá para defender nuestra universidad”. En ese mismo tono, se realizaron diversos pronunciamientos estudiantiles desde regiones como Caracas, Lara, Mérida y Zulia.
Por su parte, Mario Bonucci, rector de la ULA, afirmó recientemente que el poder judicial debe dejar sin efecto la sentencia 0324 y dejar que cada universidad se renueve “en términos de su autonomía”.
“Creo que la solución es dejar sin efecto la sentencia 0324 y ordenar a las universidades a hacer elecciones conforme el artículo 109 (de la Constitución). Y que cada universidad, en términos de su autonomía, considere si va a ampliar la participación, pero en términos de su autonomía”, dijo.
Mientras tanto, el ministerio de educación superior, César Trompiz, afirmó hace semanas que pediría una prórroga a la Sala Constitucional, pero nunca procedió su petición, por lo que hasta este miércoles había mucha incertidumbre alrededor de esta sentencia.
